Con este titular no se ha buscado por el autor sorprender con una frase sensacionalista a los lectores, sino más bien resaltar una realidad que muchos ya conocen. La CIA ha sido una presencia constante en nuestras vidas desde su establecimiento en 1947, gracias a la firma del Acta Nacional de Seguridad por el presidente Truman. Sin embargo, la novedad, lo que puede resultar más preocupante, es la aparente impunidad con la que ahora puede llevar a cabo sus operaciones de espionaje a extranjeros en sus países, por ejemplo, a nacionales españoles en España. Esta situación plantea interrogantes sobre la privacidad y la ética en la era moderna, recordándonos la importancia de cuestionar el alcance del poder gubernamental y proteger nuestros derechos individuales en un mundo cada vez más vigilado.

Se trata de una realidad que ha generado controversia a nivel internacional, Estados Unidos ha optado por extender una ley polémica que faculta el espionaje de ciudadanos extranjeros sin la necesidad de una orden judicial previa y sin conocimiento del país del investigado, aunque fuese aliado. La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) fue el foco de atención en el Senado, ya que su fecha límite de expiración, el pasado 19 de abril, dio pie a intensas negociaciones. Finalmente, tras un acuerdo entre demócratas y republicanos, se ha decidido prolongar la vigencia de esta disposición por dos años más.

Hay que recordar que la Sección 702 de la FISA otorga al Gobierno de Estados Unidos la autoridad para recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros fuera del país, previamente declarados como objetivos por agencias de inteligencia como la CIA y la NSA. Esta enmienda, que data de 2008 y se promulgó para legalizar el programa de vigilancia instaurado por George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre, permite al Ejecutivo acceder a información proveniente de productos y servicios de empresas estadounidenses como Google (Gmail, Android, Google Maps), META (Facebook, Instagram, Messenger), entre otros.

Aunque la Ley FISA pretende obtener inteligencia de sospechosos relevantes para la seguridad nacional, su aplicación ha sido objeto de críticas y debate. El programa de espionaje asociado a esta legislación permaneció en la sombra hasta que en 2013 el exanalista de la CIA Edward Snowden lo dio a conocer públicamente.

A pesar del respaldo mayoritario que recibió la extensión de la Sección 702, muchos críticos, incluido el senador demócrata Ron Wyden, expresan su preocupación. Wyden ha afirmado que esta medida representa una ampliación alarmante de la autoridad de vigilancia gubernamental, lo que suscita temores sobre posibles abusos por parte de las agencias de inteligencia.

Es cierto que para tranquilizar a los estadounidenses los defensores de esta ley recalcan que la Sección 702 prohíbe específicamente al FBI y a la NSA espiar deliberadamente a ciudadanos estadounidenses, la normativa de la CIA impide sus operaciones en suelo de EE. UU. No obstante, en la práctica, estas agencias pueden realizar esa vigilancia si el sujeto ha tenido algún contacto, aunque sea casual, con un extranjero bajo observación. Esto ha generado gran preocupación sobre la privacidad y la libertad y derechos individuales por parte de la ciudadanía estadounidense.

Organizaciones defensoras de los derechos digitales han denunciado el creciente control de Internet por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, argumentando que violan flagrantemente la privacidad y la libertad de las personas. Y ponen sobre la mesa cifras como que solo en 2021 se realizaron más de 3.4 millones de búsquedas a estadounidenses sin autorización judicial. En este contexto, algunos vemos como como único consuelo el hecho de no tener nada que ocultar, porque con el avance de la inteligencia artificial, ya no nos sirve tampoco creer en la imposibilidad material de vigilar constante y simultáneamente a millones de personas.