Luz verde a los bebés de gestación subrogada de las 39 familias bloquedas en Ucrania

Kiev · Madrid/El consulado español en Kiev admitirá en el registro consular a los 39 niños nacidos por gestación subrogada en Ucrania, pero no inscribirá más bebés concebidos mediante esa técnica de reproducción no reconocida en España.

Así lo han acordado los ministerios de Exteriores y Justicia después de que el departamento que dirige Dolores Delgado frenara hace unos días la orden que permitía la filiación mediante una prueba de ADN paterna.

Por medio de un comunicado, Exteriores ha explicado que, a partir de ahora se dejará de inscribir a los menores nacidos mediante técnicas de gestación por sustitución, más conocidas como vientre de alquiler, pero que en aras del principio de seguridad jurídica y del interés superior de los menores ya nacidos, se van a completar los 39 procesos de inscripción pendientes.

Para acelerar los trámites, Exteriores desplazará desde Madrid a la capital ucraniana a un "diplomático de refuerzo puntual" para la Sección Consular de Kiev.

Además, el consulado solicitará a las autoridades ucranianas "que faciliten, en la medida de lo posible y conforme a su legislación, documentos de viaje a los menores que nazcan en lo sucesivo para que puedan viajar a España".

Finalmente, Exteriores ha lamentado los problemas que esta decisión pueda causar y ha recordado que, desde 2016, "desaconseja de forma vehemente el recurso a procesos de gestación subrogada en el país".

Júbilo entre los familiares

"Sí, van a inscribir a las 39 familias cuyos niños tenían la inscripción solicitada", comentó a Efe Ana Reyes Rodríguez, una palentina que llegó a Kiev junto a su marido, Fernando Frontela.

Reyes, que se encuentra en este país desde el pasado 7 de diciembre, cuando nació su niña, fue citada por la mañana por el consulado español para completar dicho trámite.

"Nuestra hija tiene ya la nacionalidad española y mañana nos darán el salvoconducto para poder salir de Ucrania", agregó.

Algunas familias, procedentes de ciudades como Toledo, Málaga, Sevilla o Madrid, habían recibido con gran malestar la reciente decisión del Ministerio de Justicia español que exige a los consulados acogerse a la normativa de 2010.