Sanidad e impuestos

Hemos conocido los resultados de la segunda oleada del Barómetro Sanitario de 2024 realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), según el cual se señala que, a pesar de que desde el año 1997 la sanidad pública se financia con los impuestos generales, el 49% de la población piensa que lo hace total o parcialmente con las cotizaciones a la seguridad social.

Los impuestos los paga toda la ciudadanía y, en general, lo hace en función del nivel de renta y patrimonio. El destino de estos recursos se dirige hacia el mantenimiento de los servicios públicos. Entre ellos, la sanidad pública, cuyas cuentas se integran tanto en los presupuestos del Estado, como en los de las Comunidades Autónomas (sobre todo en este ámbito).

Por su parte, las cuotas a la seguridad social son aportaciones que se hacen en el ámbito laboral por parte de las empresas y los trabajadores, constituyendo una bolsa económica cuyo destino exclusivo es a prestaciones propias como el pago de pensiones o bajas laborales.

Cuando en los años 90 se cambió el modo de financiar la sanidad pública para hacerlo en base a los impuestos generales, ello se hizo en coherencia con la creación del Sistema Nacional de Salud, cuyos principios de cobertura universal y búsqueda de la equidad requieren una financiación solidaria.

Si después de varias décadas aún se piensa por parte de la mitad de la población que la financiación se hace por las cuotas de la seguridad social, es evidente que no ha habido la pedagogía necesaria

Los impuestos generales parten de una concepción progresiva, donde paga más quien más tiene. Y en una sanidad con los principios del Sistema Nacional de Salud, usa más quien más necesita, aporte lo que aporte con sus impuestos.

Si después de varias décadas aún se piensa por parte de la mitad de la población que la financiación se hace por las cuotas de la seguridad social, es evidente que no ha habido la pedagogía necesaria. Esta situación nos debe llevar a una reflexión que genere un cambio de actitud para hacer esa pedagogía.

Y es que otro estudio del CIS nos ha puesto de manifiesto el crecimiento del porcentaje de población que considera que se pagan demasiados impuestos en España. Esto, unido al desconocimiento de cómo se financia la sanidad pública, puede ser un síntoma que exprese la falta del suficiente apoyo social que necesita la sanidad pública para ser sostenible.

El sistema sanitario tiene ante sí el desafío de la sostenibilidad, y esto conlleva disponer de los recursos económicos necesarios así como un importante apoyo de la sociedad; a este aspecto se denomina sostenibilidad social, que es un requisito para su fortaleza. El envejecimiento y la cronicidad son elementos que hacen necesarios más recursos para el sistema, junto al coste creciente de nuevas tecnologías y terapias.

Serán necesarios más recursos económicos que provienen de los impuestos, en un panorama en el que la población debería conocer el origen de los fondos y la importancia de la solidaridad. Y el sistema ha de fortalecer su equidad, que también (y esto es especialmente grave), se percibe insuficiente y deteriorada en los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por todo ello, hay un enorme trabajo que hacer para conseguir la necesaria sostenibilidad social. Un requisito imprescindible.