Los trabajadores de la residencia de Aguadulce se enteraron de su cierre por la prensa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha censurado que los trabajadores y trabajadoras de las Residencias de Tiempo Libre (RTL) de Andalucía se hayan enterado por los medios de comunicación del cierre de estos espacios, que prestan un servicio orientado a los colectivos más desfavorecidos, y ha acusado a la Junta de Andalucía de vulnerar la negociación colectiva al haber decidido dejar de gestionar estas instalaciones sin tener en cuenta al personal que trabaja en ellas, que asciende a más de 400 personas entre empleados fijos, fijos discontinuos y temporales. En concreto, cerca de medio centenar trabajan en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el presidente autonómico del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, quien ha criticado que “el Ejecutivo andaluz se ha limitado a trasladar a los trabajadores y trabajadoras, a través de la dirección de estos centros, que los delegados territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se reunirían con ellos para comunicarles el cierre de las RTL, tras una decisión tomada por el Consejo de Gobierno motivada por un informe que determina que el servicio que prestan estos espacios es deficitario”.

Dicha decisión fue comunicada a CSIF este jueves y de manera casi simultánea a que los medios de comunicación comenzasen a hacerse eco de la noticia, de forma que los propios trabajadores y trabajadoras de estos centros se enteraron a través de ellos, provocando caos y nerviosismo entre las personas afectadas, según ha explicado el responsable sindical.

En concreto, se trata de la venta de las Residencias de Pradollano (Granada) y Aguadulce (Almería), la concesión de las Residencias de Marbella (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz), así como la devolución a los Ayuntamientos por ser de titularidad municipal las Residencias de Punta Umbría (Huelva) y Siles (Jaén).

Dorado ha considerado “inadmisible” la forma de proceder de la Administración y ha denunciado que los representantes de los trabajadores en los diferentes comités de empresa no estuvieran informados de la situación ni de las consecuencias inmediatas derivadas de la decisión tomada “como un hecho consumado” por el Gobierno andaluz.

CSIF lamenta además el “enfoque mercantilista” del Gobierno andaluz en relación a un servicio que está dirigido a los colectivos más desfavorecidos, como por ejemplo personas perceptoras de pensiones no contributivas, personas jubiladas, mayores de 60 años, personas con discapacidad reconocida y todas aquellas cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional, así como personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio andaluz o víctimas de violencia de género, entre otros.

En este sentido, CSIF le recuerda al Gobierno andaluz “que no es una empresa privada que tenga que generar beneficios, sino que su obligación es prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía y fundamentalmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”. De hecho, las RTL ofrecen la posibilidad de vacaciones a colectivos que no se lo podrían permitir de otro modo. “Los servicios públicos jamás son un déficit, sino una inversión pública para el estado del bienestar de nuestra sociedad”, ha argumentado el presidente del Sector de la AGJA en CSIF.

Falta de inversión de la Administración

A juicio de la central sindical, “la Administración ha ido preparando y cociendo su propio argumento año tras año, dejando de invertir en el mantenimiento de las RTL necesario para su buen funcionamiento y para que fuesen atractivos para su uso”, lo que ha provocado –según CSIF-- el descenso de las solicitudes que se ha registrado en los últimos tiempos, “precisamente porque la Administración se ha encargado de reducir la oferta de plazas y acotar de forma limitante el acceso a los diferentes periodos de vacaciones”.

“Desde CSIF pensamos que este es el inicio del desmantelamiento de servicios públicos esenciales para el estado de bienestar de la ciudadanía y que los próximos van a ser los centros de protección de menores”, ha concluido José Manuel Dorado.