Un juez ordena desalojar el asentamiento de Níjar con seis decenas de migrantes

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería ha ordenado el desalojo de las seis decenas de migrantes que residen en el poblado chabolista del Cortijo El Uno, en la barriada de San Isidro de Níjar. Según han informado fuentes judiciales a EFE, el lanzamiento está previsto para el próximo martes 25 de febrero, a partir de las 09:40 horas, y se ha acordado tras la demanda presentada por el propietario de los terrenos en los que se ubica este asentamiento. El desalojo fue notificado antes del verano pasado, pero no es hasta ahora que se comunica de forma definitiva a los ocupantes de las chabolas que deben de "abandonar voluntariamente" la finca y entregar las llaves de acceso al demandante, ya que en caso contrario se procederá al lanzamiento "sin prórroga ni consideración", "teniendo por abandonados los bienes que sean encontrados en la finca".

Desde el Ayuntamiento de Níjar se ha trasladado a EFE que este asunto no tiene nada que ver con la gestión municipal, ya que se trata de “un suelo privado”. “El que promueve el desalojo es un juez y se va a producir en un suelo privado. En ese ámbito, el Ayuntamiento no tiene nada más que decir”, han añadido, mostrando a su vez su respeto a las decisiones judiciales.

Por otro lado, han recordado que en julio del año pasado el pleno del consistorio aprobó el I Plan Local para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas en el término municipal, sobre el que se “está trabajando para acabar con este problema” .En declaraciones a EFE, el director de Almería Acoge y presidente de Cepaim en Almería, Juan Miralles, ha señalado que “hay una serie de personas que se quedan en la calle nuevamente, sin que haya respuestas por parte de la administración”.

“¿Es la administración quien tiene que dar la respuesta? Yo creo que sí, porque el sistema por sí mismo no está en la calle. No está generando respuestas. Si apostamos por que el sistema sea el que se autorregule, estamos viendo el resultado. La parte de la población más vulnerable se queda fuera. Está quedando bastante claro cuando miramos a Estados Unidos o a Argentina”, ha dicho. Miralles ha asegurado que entidades como Almería Acoge, Cepaim y otras como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) se coordinan y hablan continuamente para buscar “alternativas”, pese a lo que se ecuentran “bastante huérfanos” por parte de las administraciones.

Ha recordado que en la barriada de Los Grillos llevan más de dos años cerradas y a la espera de entrar en funcionamiento unas viviendas para temporeros, toda vez que insiste en que permitir que haya personas que pierdan la infravivienda que ocupan sólo significa, en estos momentos, aumentar la situación de infravivienda en otros puntos. “Que la única alternativa sea que la sociedad civil organizada, las organizaciones, seamos lo único que nos movemos y buscamos cómo apoyar a las personas, es darle la razón a una visión política que a mí me parece odiosa”, ha añadido.

Por su parte, el director de la delegación en Almería del SJM, Daniel Izuzquiza, ha manifestado a EFE que a su entidad le preocupa especialmente la “situación de menores que pueden quedar en desamparo”, ya que de unas 58 personas que viven en el Cortijo El Uno, habría unos 9 niños. “Ahora que se está hablando, tanto del plan regional de erradicación del chabolismo, como del plan local, para nosotros siempre es clave la propuesta de una alternativa habitacional que sea digna y realista”, ha indicado.

“En este caso hay amenaza de que se produzca un desalojo sin haber proporcionado ningún tipo de alternativa, máxime cuando hay menores que quedan en una situación evidente de vulnerabilidad, de vulneración de derechos. Y eso nos parece que es muy grave. No vale por decir, entre comillas, la excusa de que es una actuación judicial”, ha abundado. Izuzquiza ha considerado que existe una responsabilidad social por parte del Ayuntamiento, del Defensor del Menor, o de la Junta de Andalucía, entre otras administraciones, mostrando la voluntad de las entidades sociales para colaborar en lo que sea necesario. Por su parte, desde la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía se ha confirmado a EFE que no han recibido una solicitud de ayuda por parte del Ayuntamiento, mientras que desde la Subdelegación del Gobierno no se ha precisado por el momento si se ha solicitado la intervención de Guardia Civil u otros medios.