Piden “soluciones” efectivas” de vivienda ante el desalojo de Walili, en Níjar

Una decena de entidades eclesiásticas, entre las que se encuentran el Secretariado Diocesano para las Migraciones, Cáritas y varias parroquias y hermandades, han hecho un llamamiento para la “búsqueda de soluciones efectivas, que respeten la dignidad de las personas y los derechos humanos” ante el previsible desalojo del poblado chabolista de El Walili, según los planes municipales.

En un comunicado conjunto, se han dirigido a la comunidad cristiana, a la sociedad civil, a la ciudadanía, a todos los grupos políticos, a las diversas administraciones públicas, a los sindicatos y al tejido empresarial con el fin de procurar una “solución habitacional” al medio millar de personas que se ha ubican en el asentamiento, quienes “están bajo la amenaza del desalojo y derribo de sus viviendas, tal como ha anunciado el Ayuntamiento de Níjar”.

Así, “al acercarse la fecha de esa actuación”, las entidades de la Iglesia de Almería han recordado que “toda persona tiene derecho a una vivienda digna” y que “las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo de ese derecho para toda la población residente en su territorio”. Han incidido en que “todo esfuerzo por erradicar el chabolismo, para que sea realmente tal, debe ir de la mano de la creación de alternativas habitacionales reales, que respondan a las necesidades de las personas”.

Las entidades entienden que la alternativa propuesta por el Ayuntamiento de Níjar para los habitantes de El Walili, también conocido como Los Nietos, “parece consistir en las 62 viviendas temporales en Los Grillos, que aún están en construcción”; unos módulos que, según se estima, “podrían alojar a 150 personas, pero los residentes en El Walili son, aproximadamente, 500”. “En realidad, no es una alternativa razonable ni aceptable: su capacidad resulta insuficiente; se concibe como mero alojamiento temporal, siendo así que las personas que residen y trabajan aquí durante todo el año; está ubicado en un polígono industrial”.

Han tachado de “incompleta y confusa” la información ofrecida hasta el momento. “Lo poco que se sabe resulta inaceptable, especialmente para los pobladores de El Walili, que lo han expresado con claridad. Hay muchas dudas que con un posible desahucio en el horizonte cercano, están pendientes de aclarar”, entre ellas, “qué personas se trasladarían, quién lo decide y con qué criterios”.

Entidades vinculadas a la Iglesia se preguntan “qué ocurrirá con quienes no puedan o no quieran marchar a Los Grillos, con quienes queden fuera” así como “cuáles son las condiciones para las personas que sí se trasladen al nuevo alojamiento. Manifestamos nuestra opción por seguir trabajando al lado de las personas empobrecidas y vulneradas en sus derechos, como son en este caso quienes residen en El Walili”, y expresar su “actitud de colaboración leal” con las administraciones públicas y entidades sociales involucradas en esta cuestión, “lo cual incluye la crítica constructiva cuando sea necesaria”.

Las entidades vinculadas con la Iglesia que han suscrito este comunicado conjunto incluye al Secretariado Diocesano para las Migraciones y Cáritas Diocesana de Almería; parroquias de San Isidro, Campohermoso y Cabo de Gata; Hermanas Mercedarias de Níjar; Servicio Jesuita a Migrantes Almería; Confer Almería; Hermandad Obrera de Acción Católica Almería y Acción Católica General de Almería.

Izquierda Unida también ha terciado en esta problemática. Así, su coordinadora en la provincia de Almería, María Jesús Amate, ha pedido al Ayuntamiento de Níjar que “paralice cualquier tipo de procedimiento administrativo” orientado al desalojo de los asentamientos de trabajadores migrantes, como el de El Walili o Los Nietos, “hasta que no se garantice soluciones habitacionales a las cientos de personas que allí viven” y ha acusado al consistorio de “anteponer la estética a los derechos humanos” pese a que con ello “causaría un daño irreparable a la imagen de Níjar en foros nacionales e internacionales”.

“Desalojarlos a las bravas, sin soluciones alternativas, sin mediar en su situación administrativa, solo va a trasladar unos kilómetros arriba o abajo el problema a la par que veremos imágenes que no tienen cabida en una sociedad democrática de derecho del siglo XXI”, ha indicado en una nota de prensa.