El Gobierno fecha en "2026 o 2027" la vuelta al funcionamiento de la desaladora de Villaricos

El proyecto para poder encarar finalmente los trabajos de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, la cual quedó inservible tras las riadas e inundaciones que tuvieron lugar en septiembre de 2012, afronta ya su "fase final" por lo que se espera que, en breve, pueda ser aprobado para poder dar paso al inicio de las obras.

Así lo ha trasladado el Gobierno en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, en las que precisa que, como pronto, hasta 2026 o 2027 la instalación no volverá a ofrecer agua a los regantes de la zona, ya que una vez que comiencen los trabajos, el plazo de ejecución de la reparación será de 14 meses. En este sentido, fija a partir de la finalización de las obras un período de dos años de funcionamiento en pruebas "durante el que está previsto que la planta suministre agua".

La situación de esta instalación ha levantado las protestas de la Mesa del Agua de Almería, desde donde se ha reclamado en multitud de ocasiones el arreglo y puesta en marcha de la que denominan como la "desaladora de la vergüenza" ante los 12 años que han pasado desde que quedó inoperativa.

Desde el Ejecutivo señalan ante las preguntas formuladas por distintos diputados nacionales de Vox que no fue hasta el año 2018 cuando se pudieron comenzar las actuaciones encaminadas a reparar la planta, de manera que "a partir de ahí, las dificultades técnicas y administrativas han retrasado la reparación".

Según la cronología que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, no fue hasta el 22 de diciembre de 2017 cuando la UTE contratada por Acuamed en 2006 para construir y operar la planta durante 15 años abandonó las instalaciones, momento a partir del cual la empresa pública "se hizo cargo de la planta y pudo disponer de la misma para poder acometer los trabajos necesarios de reparación".

En este sentido, han señalado que las discrepancias entre la UTE y Acuamed fueron objeto de un procedimiento arbitral que finalizó con un laudo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de fecha 4 de marzo de 2019.

 Una vez Acuamed dispuso de la planta, licitó el 9 de marzo de 2018 el servicio de ingeniería para la evaluación de daños y redacción del anteproyecto de reparación de la planta desaladora, de forma que dentro de contrato adjudicado en agosto del mismo año se incluyó también la asistencia en la elaboración del resto de la documentación para la licitación del concurso de proyecto y obra.

Los resultados no se obtuvieron hasta 2021, año en el que se autorizó por parte de Acuamed la celebración del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de reparación y puesta en marcha de la planta, el cual se adjudicó finalmente en febrero de 2022 a Sacyr Agua por 16.351.662,07 euros.

Desde el Gobierno se ha señalado la "complejidad" que genera la redacción de un proyecto "tan singular" para el que además se ha advertido la necesidad de realizar trabajos de reparación en las conducciones submarinas que "no estaban inicialmente contempladas", de modo que los estudios y permisos necesarios para llevar a cabo estos trabajos adicionales "han generado un retraso en la redacción del proyecto constructivo".

Según los cálculos del ministerio, la inversión total que se ha realizado hasta el momento en la desaladora y todas las actuaciones relacionadas con la misma ascienden a 74.936.302,82 euros, de tal modo que las obras contratadas en 2006 fueron cofinanciadas con fondos Feder mediante una ayuda de 16.003.837 euros.