Polémica por los trabajos en el río Adra: "Si hay otra riada, la ciudad se inundará"
Poniente
El proyecto prevé la expropiación forzosa de bienes privados y no resuelve, según los afectados, el problema que acarrearía una lluvia intensa como la del año 1973
Un escrito de alegaciones y un informe técnico con cuatro alternativas está ahora sobre la mesa de las administraciones, que deberían reorientar la actuación por completo
Presentado el proyecto de adecuación del cauce del río Adra
Los trabajos destinados a la construcción de elementos de prevención de inundaciones y adecuación del cauce del río Adra, amparados en el proyecto elaborado a tres bandas entre el Ayuntamiento de la ciudad milenaria, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, no están quedando exentos de polémica en los últimos días, habida cuenta de que las labores de actuación conllevan la expropiación forzosa de una serie de bienes privados destinados al cultivo bajo plástico, lo que ha obligado a sus propietarios a emprender acciones legales, presentando un escrito de alegaciones y un informe técnico que reorienta el proyecto aprobado y puesto en marcha por las administraciones públicas.
Un proyecto (el que se lleva a cabo) que contempla la construcción de un muro en la margen derecha del caudal, con un total de 100 metros de longitud y una altura máxima de 4,5 sobre el terreno actual en el punto más bajo del perfil, siendo aproximadamente 2 metros la altura media. Este muro corta la carretera AL-6300 y la elevación de 3 metros de la rasante de la misma, lo que supone corregir 235 metros el trazado longitudinal actual. Asimismo, se prevé la construcción de un muro de hormigón de 40 metros de longitud en la margen derecha (de 1,5 metros de altura media) y el recrecimiento del muro del encauzamiento en la margen derecha aguas arriba del puente de la autovía A-7, adosado al existente. El importe estimado de las obras supera los 4 millones de euros y su periodo de ejecución se eleva a los 18 meses.
El centro de la polémica radica en que la administración ha concedido la declaración de utilidad pública a los terrenos a expropiar, entendiendo que obedece al interés general que entraña el hecho de evitar una hipotética inundación de la ciudad de Adra como la acaecida en el año 1973.
Pero los propietarios entienden que esta acción vulnera el artículo 33 de la Constitución, que recoge el derecho a la propiedad privada y otorga a la alternativa de la expropiación forzosa un carácter excepcional, reservada para casos en los que resulte ineludible por no existir ninguna alternativa menos gravosa para garantizar la salvaguarda del interés general. Sostienen, además, los afectados que la solución planteada por los entes públicos no resuelve el problema y que, en caso de una lluvia intensa, el término municipal abderitano correría serio riesgo de volver a inundarse.
Dadas las circunstancias, los damnificados han presentado las pertinentes alegaciones y un informe técnico elaborado por un ingeniero de caminos, canales y puertos que ofrece hasta cuatro alternativas al proyecto aprobado inicialmente.
Alejandro Antonio Martín Barrera y Diego Castillo Barroso, de Castillo & Martín Abogados, que se han encargado de asesorar a los vecinos y de canalizar sus demandas, han atendido a Diario de Almería para explicar la problemática a la que se enfrentan estos propietarios. “Nosotros lo que proponemos es limpiar el río y aumentar su corta fluvial, porque así se solucionarían todos los problemas de la ciudad”, argumentan los letrados.
Un informe técnico con cuatro alternativas
Entre las otras alternativas trasladadas a la administración, se encuentran la construcción de un muro de encauzamiento por todo el tramo del río o sobre la llanura de inundación que colinda con la carretera AL-6300. Otra opción pasa por desplazar la mota viaria de esta carretera, creando un camino de servicio.
Todas ellas descartan el camino de la expropiación forzosa de bienes y resuelven, según las partes demandantes, un problema que no solventa el actual proyecto. “Los técnicos nos dicen que si ocurre otra riada, la ciudad se inundará de nuevo”, avisan Martín Barrera y Castillo Barroso.
Las alegaciones y reformulación del proyecto están ahora en manos de la administración. Sin embargo, los afectados no albergan demasiadas esperanzas porque ello, dicen, supondría “cambiar por completo el proyecto”. "Con esta iniciativa lo que queremos hacer es dejar constancia de que, si el día de mañana ocurre una nueva riada, nosotros ya lo avisamos", han apostillado los juristas.
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