El problema de la vivienda

Según el Banco de España se necesitan construir con urgencia 1,5 millones de viviendas sociales en venta o alquiler. Cada año se necesitan construir alrededor de 200.000 para acercarnos a los índices de Europa. Las encuestas señalan que el problema más acuciante que aqueja a los españoles es el de la vivienda. El 1 de diciembre de 2024 Pedro Sánchez anunció ante los medios informativos la creación de una Agencia Pública de la Vivienda. Algo tarde llega el Presidente del Gobierno sobre la creación de un Ente público para dar solución a este problema; bienvenida la iniciativa si fuera una realidad. En los últimos siete años el Gobierno Progresista ha formalizado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 556 acuerdos y 24.283 viviendas sociales, un deprimente balance en relación a una necesidad social hasta ahora apartada de las urgencias del Estado de Bienestar. Sánchez y sus socios debieran conocer la realidad que consta en las hemerotecas y en la memoria de los españoles de mayor edad. Es posible que esta imaginaria Agencia Pública de la Vivienda de 2024 haya tomado el modelo del Instituto Nacional de la Vivienda o también de la Obra Sindical del Hogar. La fecunda labor de estos dos Organismos oficiales, creados por el anterior régimen, fomentaron la construcción de 4.487.000 de viviendas sociales entre 1.951 y 1.975. Pese a todas las promesas del Gobierno, incluida su nefasta Ley de la Vivienda, la escasez de viviendas en España se ha convertido en un problema estructural que afecta a millones de ciudadanos, especialmente a los jóvenes y familias con rentas medias y bajas. El acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en régimen de compra o alquiler, es una de las grandes asignaturas pendientes de los sucesivos gobiernos. Mientras el mercado inmobiliario continúa tensionándose y los precios siguen una tendencia alcista, la respuesta del Estado ha sido en el mejor de los casos, insuficiente e incluso inexistente. La inacción gubernamental en la promoción de vivienda social y la rigidez de la legislación del suelo son dos de los principales obstáculos que impiden solucionar este problema. Como es sabido, España tiene una de las tasas más bajas de vivienda social de toda la Unión Europea. Mientras que países de la UE cuentan con un parque de vivienda protegida superior al 20%, en España apenas llega al 2,5%. Este déficit responde a décadas de abandono de la vivienda pública como herramienta de cohesión social. Las políticas de vivienda no han abordado un plan integral a largo plazo quedando supeditadas a intereses partidistas marcados por una férrea barrera ideológica. Las Administraciones públicas no han sido capaces de implementar programas ambiciosos de vivienda social en alquiler, limitándose a iniciativas testimoniales que apenas alivian la presión sobre los hogares más vulnerables y singularmente el Gobierno central ocupado en políticas cortoplacistas de carácter partidista e ideológico ajenas al bienestar general. También las autonomías y los ayuntamientos, muchos de ellos especializados en “recalificaciones exprés” y conversaciones a media luz “subastando” en algunos casos las concejalías de urbanismo se han mostrado incapaces de promover viviendas sociales y destinar a este fin social suelo público cedido a los ayuntamientos en los planes urbanísticos, singularmente en municipios de la costa. El resultado es que la mayoría de ciudadanos deben recurrir al mercado privado, donde la especulación y la escasez de oferta empujan los precios al alza Uno de los principales factores que explican el elevado coste de la vivienda en España es la escasez artificial de suelo edificable. La actual Ley del Suelo impone restricciones excesivas a la clasificación de suelo urbanizable lo que limita la oferta de terrenos disponibles para la construcción y eleva artificialmente los precios. En un mercado donde la oferta está constreñida por normativas rígidas y una burocracia paralizante, el resultado es predecible: encarecimiento de la vivienda y dificultad de acceso para los ciudadanos. Reformar la legislación del suelo no significa apostar por la especulación desenfrenada ni por la destrucción del entorno, sino permitir un desarrollo racional y planificado de nuevas viviendas. Es posible encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y accesibilidad pero para ello es necesario que las administraciones dejen de ver el suelo como una herramienta recaudatoria y política y lo utilicen como un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda.

En los últimos años se ha producido un preocupante intento de desdibujar el derecho a la propiedad privada bajo el pretexto de garantizar el acceso a la vivienda. Se han promovido medidas que limitan los derechos de los propietarios, como las restricciones a los alquileres, la ocupación ilegal tolerada de facto o la criminalización de quienes buscan rentabilizar su inversión inmobiliaria. Sin embargo, estas políticas no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan al generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión en vivienda. La solución a la crisis de vivienda no puede pasar por transferir la carga de la responsabilidad del Estado a los ciudadanos. Es el Gobierno quien debe garantizar un parque suficiente de vivienda asequible, no los particulares. Para ello, es imprescindible que las administraciones adopten políticas que faciliten la construcción de nueva vivienda, amplíen el parque público en alquiler y flexibilicen la normativa del suelo sin menoscabar el derecho a la propiedad privada. Me señala un prestigioso economista que con la necesaria voluntad de servicio al interés general sería posible revertir la situación actual, para ello es necesario un cambio profundo en la estrategia de vivienda en España que incluyera algunas medidas urgentes; La creación de un parque nacional de vivienda en alquiler o compra a precios asequibles financiado con fondos públicos. Reforma de la Ley del Suelo dando mayor flexibilidad para recalificar suelo urbanizable, evitando la especulación y permitiendo la expansión ordenada de pueblos y ciudades. Facilitar la inversión privada con beneficios fiscales a promotores que construyan vivienda a precios regulados. Reformar la legislación para proteger el derecho a la propiedad atendiendo los derechos de los arrendatarios sin demonizar a los arrendadores. El problema de la vivienda en España no es un fenómeno coyuntural, sino el resultad de políticas erráticas y una regulación ineficiente. Mientras otros países han abordado la cuestión con una estrategia de Estado, en España se ha preferido la inacción o, peor aún, la adopción de medidas populistas que no solucionan el problema de fondo. Si no se toman decisiones acordes, la vivienda seguirá siendo un lujo inaccesible para muchos ciudadanos, y el derecho a un hogar digno quedará relegado a una mera declaración de intenciones. El Estado es responsable de esta obligación primordial. Urge una actuación ordenada del Gobierno y no otra estrategia publicitaria.