Inclusión en las aulas andaluzas

Desde la LOE de Wert a la LOMLOE de Celaá, pasando por la la LEA de Chaves en Andalucía, las palabras inclusión, equidad o atención a la diversidad son constructos que se repiten en las innumerables e inabarcables normativas que regulan la educación de los diferentes territorios autónomos con competencias en educación dentro del Estado español. En la actualidad los docentes se sumergen sin dificultad en este universo lingüístico donde cohabitan palabras y siglas raras que la sociedad no entiende demasiado bien: adaptación curricular significativa, DUA, PRA, dictamen del orientador, equidad, educación compensatoria, inclusión, aula específica, TEA, PTIS, maestro de PT... Sin embargo, detrás de todo este maremágnum de tecnicismos, existe una realidad menos comprensible aún: la escasez de recursos en atención a la diversidad. Los especialistas en la detección de problemas en el desarrollo evolutivo de los discentes aterrizaron en los sistemas educativos en torno a los años 90 del siglo pasado, cuando la LOGSE comenzaba a dar sus primeros pasos dejando atrás la última de las leyes educativas franquistas, conocida como ley del 70 o de Villar Palasí. Son ellos quienes constatan las carencias del sistema en relación a la atención de un tipo de alumnado que presentaba particularidades suficientemente importantes como para no aprovechar convenientemente las bondades del proceso enseñanza-aprendizaje. La asignatura pendiente, tras más de 30 años detectando problemas, es una apuesta tímida por la inversión en medios y recursos humanos especializados: ¿Es la inclusión un pretexto para no gastar en atención a la diversidad? ¿A qué se debe el hecho de que encontremos alumnado con aparente perfil de aula específica escolarizado en aulas ordinarias y sin los recursos mínimos que garanticen la equidad?

Los datos del Ministerio de Educación en relación al curso 22/23 pueden ser esclarecedores: en la etapa de infantil se detectaron 21.242 casos de retraso madurativo y 13.563 con Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, así como en la etapa de Primaria fueron 35024. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía también deja constancia de que la realidad es compleja para esta comunidad autónoma según datos publicados en el informe referente a alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz para el curso 23/24. Los números pueden ser fríos pero son condición necesaria para el rigor argumentativo. Según el citado informe, en Andalucía había en dicho curso 157.148 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de los cuales 9.861 se encontraban en aulas o centros específicos, el resto en centros ordinarios. En Almería el informe refiere 1309 alumnos en aulas o centros específicos y 11575 en aulas ordinarias. La educación inclusiva impera trasladando el mayor número de alumnos con necesidades educativas al aula ordinaria, pero no avanza en paralelo ni a la misma velocidad la contratación de maestros de PT, AL o PTIS que intervengan sobre ellos. El resultado de este desacompasado trasvase es un sistema entrópico con el máximo desorden y la mínima inversión.

Podemos exigir que los docentes se formen cada vez más en el tratamiento de la diversidad y organicen sus programaciones según los fundamentos y principios de las pedagogías más integradoras, pero la realidad es que los docentes están mejor preparados para todo esto que los gurús de las pedagogías y las didácticas y mucho mejor de lo que la sociedad o las administraciones intuyen. No sería posible para un docente inexperto y con escasa formación sacar adelante el día a día de un aula del presente. Imagine la siguiente escena: la docente de su hijo acaba de entrar en clase y saludará a Daniel, que tiene un trastorno del lenguaje, a María, buena con las cuentas pero no quiere hablar y se enfada porque tiene autismo, a Mohamed, que no conoce aún el español, a su hermana Fátima que tiene un año más, a Pedro con una discapacidad visual, a Lucas que ha sido diagnosticado con un trastorno de conducta y se levanta para lanzar la silla a un compañero, a Rosa que tiene una enfermedad rara y no puede moverse con facilidad, a su amiga Clara que llora al llegar todos los días, etc. (Conviene recordar que la ratio en un aula puede exceder de 25 alumnos en primaria, de 30 en secundaria y de 35 en Bachillerato) Es poco probable, aunque no imposible, que en algún momento del día en ese aula intervenga un especialista en pedagogía terapéutica, un orientador o personal de integración social, pero seguramente esa docente trabajará la mayor parte del tiempo en solitario y con pocos medios a su alcance para sacar adelante el desarrollo competencial y educativo de su aula. Al terminar la jornada lectiva, comenzará en su casa o en el centro la no lectiva, preparando materiales y actividades para cada uno de sus alumnos, adaptándolas a sus características y particularidades, atendiendo a padres o compañeros en reuniones, corrigiendo fichas o exámenes... Tras eso suele aparecer el estrés, la apatía, la desconfianza en el sistema, alguna que otra dolencia o enfermedad, síndrome del quemado, etc... Es posible que solicite una baja médica y alguien acudirá a ejercer en su lugar. De lo que viene después que opine el lector. Quizá no sea fácil ponerse en el lugar del docente como tampoco lo es ponerse en el lugar del alumno o las familias. Las innumerables quejas del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa en relación a la falta de recursos humanos y materiales para atender a la diversidad hacen cada vez más urgente un cambio de rumbo en la gestión de los medios económicos dedicados a la Educación. Los conocidos programas para la inclusión, la equidad y la compensatoria, muchas veces sostenidos con fondos que provienen de Europa, hacen que el sistema educativo andaluz dependa en exceso de agentes y políticas externas, pero, aún sirviendo como transición hacia un sistema más compacto y eficaz, no son suficientes para garantizar una educación inclusiva de calidad. Algunas de las soluciones han sido planteadas en innumerables ocasiones: bajada de ratio, incremento de recursos humanos especializados en las aulas, reducción de horas lectivas, eliminación de la burocracia, profesorado especialista a tiempo completo para todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), mayor dotación de aulas específicas, menor ratio en las aulas con alumnado NEAE, menor ratio en las aulas específicas, menor ratio para los maestros de PT y AL, PTIS a jornada completa en todos los casos… La sociedad debe hacer un esfuerzo para exigir a los administradores del ente público un mayor respeto por lo que sucede en las aulas de sus hijos. El futuro llegará antes o después y puede ser demoledor, traumático e irreparable. Pongamos los medios a nuestra disposición al servicio de quienes son nuestro bien más preciado.