Fuera de Ley

Tuve la ingenuidad de enviar saludos a familiares y amigos; Feliz Año Nuevo, escribía yo en plena efervescencia navideña. Pero esa especie de sortilegio no ha funcionado. En apenas diez días de este año hemos retrocedido, y retrocederemos aún más caso de aprobarse la proposición ley que ha elaborado el Presidente del Gobierno con sus 748 asesores y va a presentar en el Congreso un rebaño adocenado (antes PSOE). Habrá que mencionar que los españoles del siglo XIX tenían garantizado su derecho a participar en la administración de la Justicia según el atº 255 de la Constitución de Cádiz de 1.812. Posteriormente la Constitución de 1.869 recogía en su artº 98 la Acusación Popular. Asimismo, la Constitución de 1.931 en la II república en su artº 29 mantuvo esta capacidad de acción de los ciudadanos. Para quien no conozca la relevancia de este derecho aclarar que la Constitución de 1.978 señala que la acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de interés propio, sino en defesa de la legalidad. Este es el meollo que inspira de la nueva felonía que propone Pedro Sánchez escudado en sus 120 menesterosos, la defensa de la legalidad por el pueblo llano no entra en las acciones y previsiones de Sánchez y sus allegados, familiares y gente sin oficio que nutre la corte sanchista, y por esta razón habrá que acabar con la Acción Popular. Cercenar ese derecho constitucional significa que los españoles estafados con el fraude del dinero de sus impuestos no podrán perseguir los delitos cometidos por políticos corruptos blindados por la impunidad. La cuestión arranca al comienzo de la transición política, desde entonces a este año se cuentan por miles los casos de corrupción de políticos de los partidos que han alcanzado el poder gubernamental, autonómico o municipal. Si algún dirigente de un partido político puede contradecir lo anterior que demuestre haber denunciado ante la Justicia a otro miembro de su propio partido sospechoso de corrupción, que levante la mano ahora o calle para siempre. Sánchez habría de callar para siempre; miembros de su gobierno, diputados, presidentes autonómicos, alcaldes y concejales, altos cargos, incluso miembros de su propia familia están ahora mismo bajo la lupa de la Justicia por supuestos delitos de corrupción, es imposible desde la razón pura que Sánchez no supiera nada de estas tramas. Ahora, cuando la corrupción se denuncia y se persigue judicialmente, entonces y no un minuto antes, se viste con los hábitos de la indignación, la negación de toda culpa y el señalamiento de los instigadores; en este caso la ultraderecha, los jueces y los medios informativos. No le cae la cara de vergüenza al Ministro de Justicia actuando de justiciero cuestionando públicamente la acción de jueces y tribunales y revisando autos y sentencias como un vulgar alcahuete del poder. Todo esto inquieta al núcleo gubernamental, de un nuevo plumazo y el asentimiento bovino de sus conmilitones se cercena la acción popular para que esto no vuelva a ocurrir y puedan continuar manoseando el dinero público y llenando la bolsa. De paso se ahorrarían el decreto de Amnistía a los ahora imputados en caso de ser condenados.Debieran conocer los diputados que firman esta proposición de ley que fueron precisamente los “recortes de prensa” que publicaron los periodistas de investigación los que han llevado a los tribunales a políticos corruptos de los principales partidos políticos; singularmente PSOE, PP, CyU, PNV, etc. También las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque todos los políticos corruptos, condenados por hechos probados se han venido amparando en el silencio cómplice de sus compañeros de partidos. Y habrá que añadir que ninguno de ellos, ha devuelto un solo euro de lo defraudado a los españoles. No habría espacio para mencionar la lista de los corruptos de este partido político desde 1.982 hasta la fecha que ha sido señalado por albergar en sus filas corruptos muy bien adiestrados en el mangoneo. Es ahora cuando agita las manos de la indignación cercado por una lista de posibles” emplumados.Este asunto alcanza el punto álgido con el reciente auto del magistrado del Tribunal Supremo Angel Hurtado basado en el informe de la UCO sobre la actuación del Fiscal General del Estado. El instructor le señala como jerarca de una trama coordinada de fiscales obedientes para cometer un delito de revelación de secretos. La posibilidad ahora más cercana de que el Fiscal General sea citado a juicio por el Tribunal Supremo es motivo de inquietud para el gobierno cuyo nerviosismo se hace evidente en la defensa férrea y grupal de un Fiscal cuyo grado de compromiso o complicidad se hace cada día más patente tras el borrado de sus mensajes y llamadas a través de su telefono móvil. El temor de Sánchez y del PSOE a la acción de la Justicia se recoge en un párrafo del auto referido cuando afirma que “desde la Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en un medio afín del correo del abogado de Gómez Amador con el fiscal”. La declaración ante el Tribunal Supremo de la fiscal Jefe de Madrid, Almudena Lastra corrobora los indicios de intencionalidad de Garcia Ortiz en esta trama de intereses ajenos al Estatuto y la dignidad de la Fiscalía General del Estado. Toque de arrebato; la Operación Blindaje se pone en marcha. Cuando el PSOE redacta esa proposición de Ley acomete dos infamias en un solo texto; Cercena el derecho constitucional de la acusación popular y a la vez blinda a los imputados por casos de posibles delitos de corrupción comenzando por la esposa del presidente del gobierno, el hermano del presidente, el Fiscal General del Estado, el Ministro Ábalos, y el tal Koldo, El efecto retroactivo de esta felonía jurídica y social cerraría las investigaciones de los casos abiertos y su inmediato archivo , nunca se conocería el germen y desarrollo de las tramas de corrupción que han sido denunciadas por asociaciones cívicas y partidos políticos legitimados para estas acciones. A este respecto el PSOE debe recordar su satisfacción cuando utilizó repetidamente la Acusación Popular contra sus rivales políticos; Gürtel, Púnica, Bárcenas, etc. etc. Y cuando aplaudía la querella de Manos Limpias que sentó en el banquillo de los acusados a una Infanta de España y culminó con la entrada en prisión de Iñaqui Urdangarín, yerno del rey de España. Aquellos aplausos han mutado en estas fechas en la reprobación de todas las acusaciones populares porque se trata de blindar a quienes supuestamente están próximos a un desenlace de serie colombiana. La democracia no puede rehusar las acciones ante la justicia del único sujeto soberano, el pueblo español, un contrapoder inquietante para quienes temen el principio de igualdad ante la Ley.