Crónicas de la españa ‘progresista’ (II)

En plenas vacaciones de verano los gobernantes y adláteres de esta etapa “progresista” sorprenden diariamente con actuaciones y decisiones prodigiosas. La condición “progresista”, tan al uso de políticos, periodistas, jueces y fiscales adocenados merecen otra calificación porque muestran sin rubor sus habilidades y deslealtades para juntos y en perfecta alienación derribar la constitución de 1.978 y el Estado de Derecho. Se trata de perfilar un Estado sin Leyes que respetar, sin jueces independientes para aplicarlas y sin periodistas que informen y opinen sobre sucesivas tramas de corrupción que afectan a miembros del gobierno, presidentes autonómicos, amigos, afiliados y parientes, etc.

El sentido común no puede explicar que los ciudadanos hayan de indemnizar a unos políticos juzgados según la legislación vigente y sentenciados con penas de prisión e inhabilitación, confirmadas por el Tribunal Supremo; D. José Antonio, D. Manuel, Dª. Magdalena, D. Gaspar y demás cómplices de la cuestión que hoy nos ocupa. Por decisión estrictamente adocenada de siete magistrados en funciones de Agencia Tramitadora del Gobierno, sus delitos quedan amnistiados. Es decir, quedan impunes de aquella fechoría de la que fueron artífices y que fue organizada y ejecutada para eludir los controles administrativos necesarios en la ejecución y reparto de dinero público, lo que significa que los 678 millones de euros se evaporaron arbitrariamente entre amigos, afiliados, empresas próximas e incluso fallecidos, construyendo con este dinero destinado a mitigar el desempleo de los andaluces una red clientelar que fue capaz de captar voluntades políticas durante diez largos años y de este modo continuar en el poder y disfrutar de los muchos beneficios de aquel poder omnímodo que logró arruinar Andalucía. Agrupados ideológicamente cercanos al PSOE y conocidos como los Siete Niños de Écija, se han revestido como Tribunal de Casación del Tribunal Supremo.

En su afán por “resolver el pedido” satisfactoriamente, significados dirigentes políticos calificados penalmente de delincuentes han obtenido una carta de impunidad ; ¡oh, prodigio¡, que casualidad, todos son militantes distinguidos del “partido”. Como nota aclaratoria, siete juristas fueron nombrados en 2023 magistrados del Tribunal Constitucional por el PSOE, un año más tarde en julio de 2024 estos mismos magistrados otorgan una carta de amnistía e impunidad a dirigentes del PSOE organizadores y ejecutores de los ERES fraudulentos. No hay duda que se trata de un hecho prodigioso que huele a estiércol. Aparejada a esta maniobra escandalosa queda pendiente la cuestión de los millones defraudados. Porque muy por encima de esta carta de impunidad a la medida del cliente, los hechos probados son hechos irreversiblemente probados. Este detalle lo eluden de soslayo los magistrados que reparten amnistías; tratar de reparar las consecuencias perjudiciales de aquel desvío fraudulento que causó quebranto en las arcas públicas de Andalucía durante al menos diez años y privó a miles de trabajadores andaluces mitigar el desempleo crónico en aquellos años de gobierno secular del PSOE es la cuestión medular por la que comenzó este asunto; un fraude calificado penalmente por quince magistrados de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo. Nadie podrá imaginar que esos magistrados estaban todos inmersos en un error conceptual sobre los delitos y las penas. Menos aún que en la Audiencia de Sevilla y en el Tribunal Supremo estuvieran todos conjurados para desbancar al PSOE en favor de otras siglas políticas .Esas cavilaciones falsarias sirven como único argumento del PSOE y sus capitostes señalados por la opinión pública como únicos culpables de aquel fraude. Lo que honestamente debieran procurar los dirigentes socialistas, singularmente a Chaves, Griñán, ÁLvarez y Zarrías, sería pedir perdón por aquellas tropelías y procurar los medios para devolver los 678 millones de euros a las arcas de la Junta de Andalucía. Porque todos ellos

y demás condenados son y serán por siempre delincuentes amnistiados. La clave está en la capacidad y la naturalidad para delinquir con dinero público escudándose en el carnet de un partido político. Estas consideraciones quedan perfectamente resumidas en el voto particular contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERES fraudulentos de la magistrada del Constitucional Concepción Espejel;” Se ha dado cobertura legal a una trama criminal”. La opinión pública señalará de por vida a todos los autores de aquella trama. Millones de españoles siguen confiando en la Justicia, y esta vergonzosa y humillante abdicación a los principios elementales del Derecho que muestran sin rubor los Siete Niños de Écija no debe ser ejemplo para la ciudadanía que se ampara en el Estado de Derecho. Nadie podrá creer los bulos sobre los jueces y magistrados que juzgan y condenan según pruebas documentales y testificales a políticos golpistas en Cataluña y a políticos corruptos en Andalucía porque de ser así nadie en España podría confiar en la Justicia ordinaria y eso sencillamente es una aberración que desmonta las bases del Estado de Derecho. Los activistas magistrados del Constitucional no se han pronunciado sobre quien, quienes, como y cuando se habrían de devolver los 678 millones de euros a las arcas públicas de Andalucía, objetivo ineludible en cualquier fraude investigado por la Justicia. Esta cifra no ha sido cuestionada, pero al parecer a los siete magistrados no les preocupa la devolución del dinero público “evaporado” con malas artes, premeditación y alevosía; total 678 milloncejos son apenas una mota de polvo en el dispendio político de aquellos años de orgias, champagne, cocaína y putas.

Al parecer todo aquello fue correcto para quienes conceden la impunidad y jodidamente repulsivo para los ocho millones de andaluces perjudicados. Como muestra evidente que aún quedan jueces independientes, profesionales y valientes la reciente sentencia de otra pieza de los ERES de la Audiencia provincial de Sevilla que condena a Antonio Maestre, ex alcalde del PSOE de Los Palacios (Sevilla) a catorce meses de cárcel por haber recibido 750.000 euros de ayuda de los ERES para construir un Centro Hípico que nunca se llegó a construir. Los magistrados de la Audiencia alegan que no se conoce el destino de este dinero a excepción de una factura de 10.440 euros por un estudio topográfico. ¿Dónde se quedaron los 739.000 euros que faltan? Ya tienen los Siete Niños de Écija otro condenado que amnistiar y habrán de darse prisa, este también tiene carnet del PSOE. Queda acreditado que quienes interpretan la Constitución a la demanda de una ideología no consideran a todos los ciudadanos por igual. Se ha establecido un precedente que “beneficiaría” a cualquier otro gobierno de cualquier ideología, seria cuestión conseguir la mayoría política suficiente para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional sin necesidad de ser jueces de carrera, ni haber ejercido como tales que estuvieran dispuestos a seguir las políticas del gobierno de turno.