Ciudadanos o siervos

Cualquier observador de la actualidad política española se habrá sorprendido de los desafueros constantes del presidente del gobierno en relación a sus responsabilidades y deberes como representación del conjunto de los ciudadanos españoles. Entre otros, la afirmación en un comité del PSOE; “avanzaremos con el poder legislativo o sin el poder legislativo”. Esta declaración no corresponde al presidente de ningún país democrático, es claramente un pronunciamiento propio de una autocracia por cuanto desprecia al único sujeto soberano que es el ciudadano representado en el poder legislativo; Congreso y Senado. En estos tiempos convulsos, donde el ruido mediático parece nublar el juicio de la sociedad, es vital detenerse a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano. El ciudadano es mucho más que un individuo con derechos y deberes; es, ante todo, el pilar sobre el que se sostiene la democracia. En una nación como España, cuya historia ha estado marcada por luchas internas de triste recuerdo, la figura del ciudadano es esencial para mantener el equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo. Ser ciudadano, en el sentido más amplio del término, no es una simple condición de nacimiento o de residencia. Es una responsabilidad activa que implica participar en el tejido social y político de la nación. No se trata solo de votar cada cuatro años o cumplir con las leyes establecidas, sino de ejercer un papel protagonista en la defensa de los principios que sostienen nuestra democracia, régimen político por decisión soberana del pueblo español. En un régimen plural de libertades como el nuestro donde el derecho a expresar opiniones diversas y contradictorias es un pilar fundamental, la responsabilidad de cada ciudadano se hace aún más evidente. La política se ha convertido, en muchos casos, en un espectáculo mediático donde los intereses particulares de los partidos prevalecen sobre los intereses comunes del país. La delgada línea entre democracia y partitocracia parece haberse cruzado sin mayores impedimentos. En los últimos años la fragmentación del discurso político y la constante concesión de poder a minorías que buscan desintegrar la nación han debilitado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Es un hecho innegable que el actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha mostrado una tendencia preocupante a ceder ante cualquier demanda que le permita aferrarse al poder, incluso si esto implica traicionar los principios fundamentales de la Constitución. En este contexto, el papel del ciudadano no puede ser el de un mero espectador. La pasividad ante las decisiones que se toman en los despachos de poder es una traición a la responsabilidad que cada uno tiene para con España. No es permisible que se crucen líneas rojas que ponen en peligro la unidad y la integridad de la nación. El ciudadano debe ser un defensor activo de la Constitución que ampara libertades y derechos, de la ley, y de la propia nación. En la actualidad se percibe un debilitamiento institucional para ceder protagonismo a liderazgos y personalismos que no encajan en el concepto de una democracia plena. La apatía política y el conformismo que han arraigado en nuestra sociedad son enemigos directos de la democracia. Hoy más que nunca urge una ciudadanía comprometida, dispuesta a alzar la voz cuando se cometen injusticias, a exigir rendición de cuentas cuando los gobernantes fallan, cuando la corrupción empapa organizaciones y dirigentes políticos, altas instituciones y organismos de Estado, y a actuar en consecuencia cuando los principios que sostienen nuestra convivencia están en peligro. Ser ciudadano es entender que la libertad no es una dádiva del Estado, sino un derecho que se defiende diariamente. Y ese es el gran desafío de la sociedad española: En estas circunstancias de distanciamiento de los asuntos públicos, es difícil imaginar cuantos estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad. En España la construcción de la ciudadanía ha sido un proceso largo y complejo, marcado por guerras, dictaduras y transiciones políticas. Durante la mayor parte del siglo XX, España vivió bajo el régimen dictatorial donde los derechos ciudadanos estaban severamente restringidos y el concepto de ciudadanía activa era prácticamente inexistente. Fue con la llegada de la transición democrática en los años 70 que España comenzó a construir un nuevo modelo de ciudadanía, basado en los principios de libertad, igualdad y pluralismo político. No obstante, el desarrollo de la ciudadanía en España no ha estado exento de desafíos. A lo largo de las últimas. décadas, hemos sido testigos de cómo la política se ha polarizado y los intereses particulares han comenzado a poner en peligro la unidad y la integridad del país. La creciente influencia de movimientos separatistas y la disposición del gobierno central a ceder ante las demandas de estos grupos ha generado una profunda desafección política en muchos ciudadanos, quienes sienten que sus derechos y deberes están siendo manipulados para beneficiar a unos pocos en detrimento del bien común. Mientras que los derechos fundamentales constituyen una parte esencial de la ciudadanía, hay otra cara igualmente importante que muchas veces se pasa por alto: los deberes y las responsabilidades. En una democracia plural y participativa, los derechos de los ciudadanos solo pueden existir y ser protegidos si estos, a su vez cumplen con sus responsabilidades hacia la comunidad y el Estado. Una de las primeras responsabilidades de todo ciudadano en un régimen democrático es la participación activa en la vida política y social. Esto no significa necesariamente ocupar un cargo público, pero sí implica, al menos, estar informado y ejercer el derecho al voto de manera consciente y responsable. En la España actual, la desafección política es un problema creciente. Muchos ciudadanos ven la política como un terreno distante, lleno de intereses personales y alejado de las necesidades reales de la población. Sin embargo, esta actitud pasiva puede ser peligrosa para el propio sistema democrático. La participación en la vida política no solo se reduce a acudir a las urnas cada cuatro años. Ser ciudadano implica involucrarse en los debates que configuran nuestra sociedad, exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes ocupan cargos públicos y formar parte de las decisiones que afectan a la vida colectiva. No participar, no votar, o hacerlo de manera indiferente es un acto que, en última instancia, socava la propia. El ciudadano no puede ser un espectador pasivo cuando los cimientos de la democracia se ven amenazados. Es en estos momentos cuando más se necesita una ciudadanía activa y comprometida, que sepa alzar la voz frente a la injusticia y defender los valores que sostienen el sistema democrático. A lo largo de la historia, han sido los ciudadanos, organizados y movilizados, quienes han permitido la regeneración democrática en momentos de mayor debilidad institucional. Este papel crucial de la ciudadanía en tiempos de crisis no es solo un derecho, sino un deber cívico.