Burla a la justicia

Si acaso usted recibiera una notificación de un tribunal requiriéndole a declarar como imputado por un supuesto delito penal, cabe imaginar que se comportaría como cualquier otro ciudadano; actitud seria, respetuoso con el tribunal y tratando de aportar alguna prueba o indicio de su presunta inocencia. Usted y todos los españoles del común hemos conformado una conciencia cívica en la creencia que todos los españoles son iguales ante la Ley, asi lo consagra la constitución española en su artº 14;”los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social “. Por extraño que pueda parecer ha ocurrido algo insólito; un ciudadano español que además tiene el título de licenciado en derecho simula ignorar el alcance de este artículo. Para más señas, pertenece a un grupo selectivo y privilegiado por las circunstancias temporales y ocasionales de su trabajo. No solo el, sino quienes forman este círculo de poder dan muestras de sentirse ajenos a las obligaciones que incumben a todos los españoles con respecto al cumplimiento de la Ley. Lo anterior contrasta con el espectáculo de las declaraciones ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo del ciudadano llamado Alvaro García Ortiz, accidentalmente Fiscal General del Estado. No cabe imaginar en un país democrático que un Fiscal General esté siendo investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. En su persona concurren algunas obligaciones inherentes a su cargo que le sitúan en la cúspide de la ejemplaridad, no solo como ciudadano, sino también como servidor público. Sin embargo, en sus declaraciones ante el Magistrado Angel Hurtado se ha comportado como un mal servidor del Estado atrincherado en los privilegios de su cargo.

Mirada altanera, sonrisa torcida y decidido a no contestar a las preguntas del Magistrado, solo a las de su defensa, la abogacía del Estado. Otra pieza maestra de la democracia ha sido pisoteada en la sede del Tribunal Supremo. García Ortiz sabe bien a lo que se enfrenta;” La autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de uno a tres años”. Seria por ello su empeño en no colaborar con la Justicia llegando incluso a un posible delito de destrucción de pruebas borrando mensajes de su móvil cuyo número había dado de baja cuando conoció su condición de imputado. Es muy lamentable que el Fiscal General haya recurrido a una añagaza de películas de gánsteres, cualquier delincuente después de negar su culpabilidad se deshace de las pruebas que pudieran implicarlo en el delito. Nada ejemplar cuando se dirige al Magistrado Instructor señalándole como si fuera un justiciero a sueldo de una ideología o de algún grupo extremista, acusándole de actuar de manera predeterminada. Así mismo señaló a la Unidad Operativa de la Guardia Civil de practicar una diligencia en su despacho oficial que el considera nula, opinión contraria a la del Magistrado Instructor que la ordenó. Este espectáculo burlesco se parece a un telefilm colombiano que se rueda en sede judicial en la España democrática del siglo XXI,

La mayoría de las asociaciones de fiscales se muestran preocupados por la actitud arrogante y falta de colaboración con la Justicia de Garcia Ortiz señalando que entre las funciones del Ministerio Fiscal está “velar por la independencia de los tribunales” y reprochándole abrazar una defensa que pasa por “deslegitimar al poder judicial”. Algunos fiscales precisan; “se ha colocado fuera del Estado de Derecho instalándose en el lawfare, pantalla exculpatoria del sanchismo como barrera frente a todas las imputaciones que le afectan. Cabe suponer como Alto Cargo cuya primera obligación es “ejercitar acciones penales y civiles dimanantes de delitos “ que ha de conocer el alcance dañino de su posición frente al Alto Tribunal que le juzga cuestionando de facto su imparcialidad y su legitimidad democrática. Una aberración en sus términos. Lo cierto es que desde aquel infausto día que se filtró el correo que intercambió el abogado en defensa de un particular con el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y que fue reenviado a toda prisa a García Ortiz, hasta esta fecha se han sucedido hechos rocambolescos que repelen la más elemental sensibilidad democrática. La actitud del Fiscal General y algunas de sus acciones no solo abundan en la sospecha, sino que con ella arrastra la institución de la fiscalía y debilita la confianza de los españoles en la Administración de Justicia, pilar fundamental del sistema democrático.

Mas allá del escándalo se trata de hilvanar lo que está sucediendo entorno a la instrucción de un presunto y grave delito, por aberrante que fuera. Prestigiosos juristas ponen el foco en una maniobra preventiva de parte del imputado encaminada a fundamentar un recurso ante el Tribunal Constitucional caso de una posible sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por la que el Fiscal General pudiera ser inhabilitado; Horror, temblor de músculos faciales, toque arrebato; aquí entraría vigoroso el escuadrón pumpidesco con toda la batería de blindajes a la medida de quien manda. O sea que volveríamos al comienzo de la película sin llegar a conocer la identidad del malo. Cabe recordar el final feliz con champagne incluido que pudieron celebrar quienes desde posiciones de poder en Andalucía se ocuparon durante más de diez años en desviar fraudulentamente 679,2 millones de euros de las arcas públicas beneficiando empresas privadas, parientes y amigos por lo que fueron condenados en sentencia firme y algunos a prisión, por el Tribunal Supremo. El mayor caso de corrupción de la historia de España quedó en aguas de borrajas por obra y sobre todo gracia del escuadrón pumpidesco que se ha erigido tribunal de casación siempre alerta a la tarea encomendada.

Según encuestas fiables una inmensa mayoría de ciudadanos confían en los jueces y tribunales donde diariamente se ejerce con la imparcialidad y rigor que señalan las leyes. Y volvemos las miradas al fondo del asunto, entre bambalinas se ensaya la maniobra ante la supuesta condena de un miembro clave del círculo sanchista, los antecedentes y las sospechas apuntan el final de esta serie colombiana; indulto y pedorretas al más Alto Tribunal jurisdiccional de la Justicia española . O tal vez no sea asi y por fin la balanza de la Justicia, ese símbolo de igualdad que el Fiscal lucia en la corbata sea capaz de medir las culpas y reafirmar la convicción democrática y constitucional que todos los españoles son iguales ante la Ley. Esto tan elemental debiera escribirlo cien veces en la pizarra el actual Fiscal General del Estado, sería un buen ejemplo para los buenos españoles.