La agencia de la impunidad (antes T.C)

La actualidad política no deja de sorprendernos. Una cuestión estrictamente política revestida de una mascarada jurídica trata de alterar las reglas democráticas y constitucionales con el membrete del Tribunal Constitucional. Es sobradamente conocido que el Tribunal Constitucional bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido se ha convertido en una sucursal del poder Ejecutivo y una herramienta de legitimación de los abusos del Gobierno y sus aliados. Por sus hechos los conoceréis. Porque lo que está ocurriendo con este tribunal es la demolición de la separación de poderes, una aniquilación calculada y fríamente ejecutada con un objetivo claro: blindar el poder político frente a cualquier atisbo de control judicial. El Tribunal Constitucional no imparte justicia, no es un tribunal ordinario, algunos de sus miembros no son jueces y su cometido es velar por el respeto a la Carta Magna, no sustituir al Tribunal Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria. Pero Conde-Pumpido ha decidido que la Constitución es un papel mojado cuando se interpone en la agenda política del Gobierno. Así, bajo su mandato el Constitucional ha revocado en repetidas ocasiones sentencias del Tribunal Supremo convirtiéndose en una especie de órgano de casación encubierto, algo que ni la ley ni la jurisprudencia permiten. Este abuso de poder ha alcanzado su paroxismo en el caso de la amnistía. El presidente del Constitucional ha movido los hilos para garantizar que la medida diseñada a conveniencia de los intereses de Pedro Sánchez y de sus socios separatistas no encuentre obstáculos en su aprobación. Para ello ha actuado de forma arbitraria forzando las normas internas para “seleccionar” la ponente , Inmaculada Montalbán, encargada de preparar el recurso de casación que extenderá la amnistía no solo a los condenados por el Tribunal Supremo, sino también a un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont, la misma ponente que se encargó de elaborar la sentencia que posibilitó el borrado de las condenas de los ERES, la misma que en febrero de 2012 fue condecorada por José Antonio Griñán con la Medalla de Andalucía ahora beneficiario directo amparado por la Agencia Pumpido y Asociados podrá eludir el cumplimiento de su condena que obligaba a seis años de prisión. No es justicia, es una operación de salvamento político con toga y birrete a lo que se presta Conde Sumiso y su corte gallinácea. Pero si la degradación del Tribunal Constitucional en el caso de la amnistía es escandalosa, la maniobra que trataba de impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el fraude de los ERE es directamente una obstrucción a la justicia en toda regla. Se trata de la mayor malversación de fondos públicos de la historia de España perpetrada con dinero de la UE y ejecutada por altos cargos del PSOE en Andalucía. La Audiencia de Sevilla en el ejercicio de su independencia considera que podría haberse cometido un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea y pretende plantear una cuestión pre judicial ante el TJUE. Pero Conde-Pumpido actuando más como un comisario político que como presidente del Tribunal Constitucional estuvo maniobrando para impedirlo. ¿El objetivo?; evitar que una instancia superior cuestione la narrativa oficial del Gobierno y de su partido matriz. Porque si Bruselas determina que se ha cometido un delito con los fondos europeos, las consecuencias serían devastadoras. No solo se pondría en jaque a los condenados, sino que podría abrirse un proceso de responsabilidad y salpicar a los máximos dirigentes socialistas. En esta tesitura, cuando se cuestionan delitos tan relevantes ahora rebajados con intencionalidad política, Cándido Conde-Pumpido nunca ha ocultado su proximidad ideológica con el PSOE. Ya en su etapa como fiscal general del Estado bajo el Gobierno de Zapatero, dejó claro su concepto de la justicia al afirmar que “la Fiscalía está para apoyar al Gobierno”. Desde que tomó posesión va dejando un rastro perfectamente identificable en una gestión marcada por la sumisión sin fisuras a los intereses del poder Ejecutivo y de sus socios socavando la credibilidad de la institución que preside. No se trata de cuestionar su reconocido conocimiento del derecho, ocurre que en su caso parece primar una férrea y ciega disciplina ideológica que le va arrastrando al derribo del Estado de Derecho. El mensaje es claro: el poder judicial solo es válido cuando sirve a los intereses del Gobierno; cuando se convierte en un obstáculo, hay que neutralizarlo. La senda emprendida por la mayoría de vocales falsariamente progresistas que controla el Tribunal Constitucional es ciertamente preocupante, la democracia española se tambalea cuando sus garantes se transforman en cómplices de la degradación institucional. Conde-Pumpido está perpetrando un asalto al Estado de Derecho desde la cúspide del Tribunal Constitucional alineando sus resoluciones con los dictados de Moncloa sin rubor alguno. La extensión de la amnistía, la desautorización del Supremo, el veto a la justicia europea en el caso de los ERE y la manipulación del tribunal para blindar a los aliados del Gobierno son síntomas de una enfermedad institucional grave. Si los tribunales se convierten en correa de transmisión del poder político, la democracia se convierte en una farsa. Expertos juristas se manifiestan en palabra o por escrito contra esta deriva claramente rupturista de la separación de poderes con menoscabo a la Justicia, a destacar un artículo publicado en el diario ABC firmado por el abogado del estado y ex juez del Tribunal General de la UE, Rafael García-Valdecasas. Otro artículo firmado por el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño. Y singularmente los informes de cinco letrados del propio Tribunal Constitucional quienes se han pronunciado contrarios a la pretensión de Conde Pumpido de bloquear la acción legitima de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial al TSJUE lo que podría llevar a que la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra el Estado español. Por ello y ante las manifestaciones contrarias a su propósito, tratando de evitar otro choque frontal con el Tribunal Supremo, Conde Pumpido ha declarado que finalmente no va a impedir a la Audiencia Provincial de Sevilla acudir al TSJU. Una victoria del Derecho frente a la arbitrariedad. Si el Tribunal Constitucional se convierte en un simple peón del Gobierno será dificultoso restaurar el necesario equilibrio de poderes. La historia ha demostrado que los regímenes que corrompen sus instituciones quedan señalados en el panteón de la infamia. Viene a la memoria el triste final de aquel Presidente del Constitucional, Manuel García Pelayo quien en 1.983 posibilitó con su voto la expropiación de Rumasa instada por el PSOE; incapaz de soportar el repudio social y académico de aquella sentencia decidió auto exiliarse a Venezuela y jamás volvió a España. El futuro de los “colaboradores” se vislumbra tan triste como incierto.