Una afirmación temeraria

La candidata a la Junta de Andalucía y Vicepresidenta del Gobierno de España ha afirmado con voz furibunda y mitinera ;“ es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia esta por encima de la palabra de una mujer que denuncia a los poderosos”. Después, presionada por la reacción de estupor de los medios informativos ,la reprobación contundente de todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y Colegios de Abogados ,ha tratado de disculparse torpemente pero sus palabras quedan grabadas en el Panteón de la Burricie. Resulta deprimente que alguien de esta catadura intelectual sea la vicepresidenta de un gobierno en un país civilizado, porque se trata de negar los principios de la civilización basada en el Derecho, principios jurídicos que constituyen la piedra angular de una sociedad libre y civilizada. La presunción de inocencia se alza como un dique de contención frente a los abusos del poder y puede que esto sea lo que preocupe a un gobierno falsariamente progresista y prepotente alzado en la soberbia. Las palabras de María Jesús Montero señalan que el dique de las garantías procesales molesta al gobierno y lo que hasta ayer era un pilar inquebrantable del Estado de Derecho, hoy se tambalea ante la pulsión autoritaria de ciertos dirigentes. Resulta difícil asimilar la incompetencia de alguien que dice ser licenciada en medicina capaz de proclamar una burricie de tal dimensión; en su infinita vacuidad ha sentenciado que la presunción de inocencia es un obstáculo en la lucha contra el machismo. La afirmación propia de quien confunde el derecho con la pancarta revela hasta qué punto el garantismo jurídico ha pasado de ser una conquista civilizatoria a un trasto viejo que estorba en la nueva arquitectura del pensamiento autocrático. La premisa es clara: si la realidad no se ajusta a la ideología, cambiemos la realidad. Afortunadamente para miles de millones de personas hay un principio que separa la justicia del linchamiento. La Revolución Francesa, en su exaltado amor por la libertad, la inscribió en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Todo hombre es considerado inocente hasta que sea declarado culpable”. Mismo principio que inspiró la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que siglos después, quedó recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En España, el artículo 24.2 de la Constitución protege esta garantía con una claridad que, al parecer, algunos miembros del Gobierno encuentran “problemática”. Resulta singularmente patético y vergonzoso el silencio cómplice de quien fuera magistrada del Tribunal Supremo ahora amordazada por la pitanza que le suelta el gobierno como Ministra de Defensa , que pena Margarita Robles. Y las declaraciones del Jinete Pálido con ojo rosado y Ministro del Interior balbuceando que los jueces tienen que explicar mejor la motivación de sus sentencias, que asco Fernando Grande Marlasca. Ambos, ejemplos de la miseria humana, incapaces de reprobar tamaña aberración cívica y jurídica en boca de la vicepresidenta del gobierno. Ellos sabrán porqué han callado ante este ataque a la médula del Derecho Universal cubriendo de cemento sus conciencias y su dignidad profesional, los españoles si lo saben. En nombre de causas supuestamente “justas” asistimos a un inquietante retroceso cuando se pretende invertir la carga de la prueba dejando en manos del acusado la tarea de demostrar su inocencia. Se parte del axioma de que algunas denuncias, por el simple hecho de enunciarse y si se trata de una mujer, para ese feminismo tóxico la denuncia es incuestionable. La narrativa es peligrosa: la justicia deja de ser un arbitraje de pruebas y se convierte en un ejercicio de fe ideológica. La paradoja es aún más grotesca si recordamos que el mismo progresismo que hoy arremete contra la presunción de inocencia era el que hasta hace poco la defendía con vehemencia cuando se trataba de sus propios aliados. Las garantías procesales eran incuestionables cuando beneficiaban a filo-terroristas, sediciosos - golpistas o dirigentes políticos corruptos aliados del gobierno. Pero cuando la causa lo exige, los principios son prescindibles. En Andalucía tenemos sobrados ejemplos de escandalosa trascendencia social, baste recordar el blindaje de impunidad a la medida de altos dirigentes socialistas juzgados y condenados malversación y prevaricación; ¿Les suena el fraude de los ERES?. Aquí si han valido las garantías procesales que culminan en Pumpido&García;“Agencia comprometida en blindajes a la medida”, (lo que antes era el TC). Y así llegamos a un escenario donde la presunción de inocencia ya no es un derecho universal, sino un privilegio selectivo. Una peligrosa vuelta a la justicia de castas donde el linchamiento se disfraza de” progresismo”. Los síntomas de un Estado de Derecho en descomposición son evidentes. Lo que se presenta como una batalla por la justicia social es en realidad un retorno a la justicia inquisitorial donde la ideología prevalece sobre la ley. Si la sociedad permite que esta deriva continúe, pronto o tarde podría descubrir que nadie está a salvo. La historia nos enseña que los regímenes que desprecian las garantías procesales acaban devorando incluso a sus propios impulsores. La vicepresidenta del gobierno y candidata a la Junta de Andalucía no merece la presunción de inocencia política, ha emprendido una ruta inquietante, su espesa verborrea destila una ignorancia suprema y demasiada soberbia tras sus sonoros fracasos en Andalucía. Y ahora pretende volver a gobernar con la bandera de la lucha de clases y la pancarta de la política de género y escarba a la izquierda de la extrema izquierda imaginando que aún hay un caladero de votos en la ignorancia y el rencor. Se equivoca, aquellos años de apisonadora pasaron y parece improbable que vuelvan. La situación y el ánimo social ha cambiado mucho desde enero de 2019 cuando el PSOE hubo de salir del gobierno andaluz. Las tramas de corrupción desenmascaradas y condenadas desde entonces ensombrecen las siglas de un partido que ha abandonado su compromiso elemental con los valores democráticos. Y ahí está la candidata, levantado la barbilla y tratando de rehabilitar a sus jefes directos condenados por prevaricación y malversación en una trama corrupta hasta la médula de aquellos gobiernos donde ella fue Consejera. Por cierto, es muy posible que se le recuerde que pudo haber ordenado iniciar acciones para reclamar la devolución a la Junta de Andalucía del dinero defraudado a todos los andaluces, pero se negó en rotundo y por ello los 678 millones de euros se han perdido en las empresas y los bolsillos convenientes para la supremacía política que ahora trata de recuperar. Es posible que María Jesús Montero se haya percatado de su temeraria afirmación. No vendría mal medir con más tino el alcance de sus palabras. Se llama prudencia y podría ir acompañada de algunas lecturas.