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Mucho A los 80 años del fin de nuestra última guerra civil, aún quedan asuntos por aclarar, como es el destino de joyas, valores y otros objetos procedentes de depósitos bancarios y del desvalijamiento de cajas particulares ordenado por el Gobierno republicano cuando la guerra estaba ya perdida. Durante la misma, este Gobierno había declarado la obligatoriedad de que los ciudadanos entregasen al Banco de España los metales preciosos y las joyas que tuviesen. Además, decretó delito la posesión de más de 400 pesetas en moneda de peseta y procedió a incautaciones al amparo de leyes promulgadas por el mismo. A lo que habría que añadir lo que partidos políticos y sindicatos, en algunas zonas de España, se apropiaron (edificios y objetos de valor encontrados en las casas de los que consideraron sus enemigos). A día de hoy, no creo que alguien sepa el valor de todo el patrimonio expoliado por la República y su destino. Pero lo que sí se sabe es que una parte fue a parar a la bodega del yate Vita.
La historia de este yate comienza el 1 de febrero de 1939, cuando se reúnen por última vez las Cortes de la República en el castillo de Figueras (Gerona). Durante esa sesión, se dispuso el traslado de cerca de 200 bultos (entre cajas y maletas) desde el castillo de Figueras a París, repletas de joyas, valores y otros objetos procedentes de depósitos bancarios y del desvalijamiento de cajas particulares. En esas cajas y maletas había oro en lingotes y acuñado, colecciones de monedas también de oro de gran valor numismático y objetos artísticos y de culto. El Vita era un yate construido en 1931 en Kiel (Alemania), con el nombre de Argosy. En 1934 cambió su nombre al de Vita, siendo adquirido en 1939 por Marino Gamboa, español nacido en Filipinas cuando aún pertenecía a nuestra Corona, pero con pasaporte estadounidense, simpatizante del nacionalismo vasco, que lo puso a disposición del Gobierno de Juan Negrín a través del Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), fundado en abril de 1939 por el propio Gobierno de Negrín, para transportar a Méjico los bienes enviados a París desde el castillo de Figueras. Las cajas y maletas se cargaron en los puertos franceses de El Havre y Ruán, con destino al puerto de Veracruz, donde Indalecio Prieto se hizo con el control de los bienes que llevaba, para gestionarlos a través de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE).
El hecho de que Francia reconociese al Gobierno de Franco y adoptase una actitud cada vez menos beligerante hacia el mismo, hizo temer al Gobierno de Negrín que tal vez los franceses terminasen por apropiarse de estos bienes para devolverlos a España. Ésta fue la razón por la que se ordenó cargarlos en el Vita y enviarlos a Méjico. Llegado a Veracruz, de acuerdo con su amigo el presidente mejicano Lázaro Cárdenas del Rio, Prieto ordenó que el Vita se desplazase y atracase en un puerto mejicano más discreto, como era el de Tampico, y desde allí transportar su carga a Ciudad de Méjico. Es probable que una gestión irresponsable convirtiera en lingotes de oro o plata piezas únicas de nuestro patrimonio nacional, ya que entre enero y mayo de 1940, la JARE de Prieto envió al Banco de Méjico parte de la carga del Vita para fundirla, en un auténtico crimen contra nuestro patrimonio histórico y artístico. Lo cierto es que la historia de la ayuda a los refugiados republicanos españoles, a pesar de tener su base en un importante volumen de acciones de gestión, compras, montaje de empresas, etc., apenas cuenta con contabilidades o balances, brillando la transparencia por su ausencia.
Pero mientras se obvian crímenes cometidos contra nuestro Patrimonio Nacional, como es este caso del "tesoro" del Vita, se insiste en la defensa del Pazo de Meirás como algo esencial de este mismo Patrimonio Nacional, en lo que aparenta ser un plan de decepción, entendido este como el conjunto de medidas que se adoptan para engañar a alguien.
Es evidente que nos encontramos inmersos en la era de la información, en la que la explotación de la moderna tecnología permite influir en el conjunto de la sociedad mediante la manipulación, distorsión o falsificación de las evidencias, y con ello, alterando la percepción que la opinión pública pueda tener de un asunto, e induciéndole a reaccionar de un modo adecuado a nuestros intereses. La dependencia cada vez mayor del procesado automático de volúmenes crecientes de información, hace aún más vulnerable a la opinión pública.
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