El chantaje como práctica habitual

En la primera oportunidad que se le ha presentado, Carles Puigdemont ha hecho morder el polvo de la derrota parlamentaria a Pedro Sánchez. Es su forma de decirle a las claras que la investidura de Salvador Illa, de la mano de Esquerra Republicana, como presidente de la Generalitat no le va a salir gratis y que va a convertir el Congreso de los Diputados en un calvario para el presidente del Gobierno. Así se las gasta el socio que con sus siete votos tiene en sus manos la llave de la estabilidad parlamentaria. Que Puigdemont use el chantaje como práctica habitual es algo que no debe sorprender ni a Sánchez ni a nadie que siga de cerca la política nacional. No otra cosa que un chantaje monumental es la ley de amnistía hecha a la medida del fugado en Waterloo. Y el mismo calificativo cabe atribuir a toda la trayectoria que han seguido Junts y ERC durante el primer año de la legislatura. Para mostrar las líneas rojas que Sánchez no debe cruzar Puigdemont le bloquea, al menos por el momento, el Presupuesto, lo que podría abocar a un final abrupto de la relación e incluso a una convocatoria anticipada de elecciones. Pero utiliza también una materia de enorme capacidad política y simbólica como es la inmigración. Junts vota contra la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores por las comunidades autónomas porque es un partido ultra y xenófobo, no muy diferente de Vox y de las diferentes fuerzas de extrema derecha que funcionan en Europa. Puigdemont, con esta decisión, deja en evidencia a Sánchez y sus discursos de reivindicación de un “bloque progresista”. El hecho de que el chantaje se haya convertido en una práctica normal en la política española marca una deriva preocupante. Puigdemont ha enseñado todas sus cartas. Mantenerlo como árbitro de la estabilidad es un error. Sánchez ya tiene suficientes elementos encima de la mesa como para actuar en consecuencia.