Un artefacto político

La ley de amnistía no es una norma que responda a una necesidad en el ordenamiento jurídico. Es, ni más ni menos, que un artefacto político con una finalidad muy concreta: la permanencia por el mayor tiempo posible de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. De ahí derivan las dificultades evidentes de su aplicación y el largo y tortuoso camino que le queda por delante para hacerse efectiva, si es que alguna vez lo logra. El texto de la ley se escribió y reescribió cuantas veces fue necesario para que quedara al gusto de los delincuentes que se iban a beneficiar. El objetivo era burlar de esta forma la sentencia firme del Tribunal Supremo. Es lógico, por lo tanto, que desde esta instancia judicial se haya hecho una interpretación restrictiva de algunos de sus enunciados. El del delito de malversación era una de las vías que dejaba abierta una ley de redacción enrevesada y principios cogidos con pinzas para que afectaran a personas concretas. Es lo que ha hecho el tribunal para negar la amnistía, en aplicación de la propia ley, a Carles Puigdemont y otros condenados por ese delito. Es importante señalar que del arsenal de medidas que tenía el Supremo para cuestionar la norma ha soslayado por ahora las más obvias: la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE o la consulta al Tribunal Constitucional. Ha utilizado, en cambio, el propio articulado de la ley para dejar en evidencia los fines para los que fue promulgada. En un Estado de Derecho, como se ha encargado de proclamar en numerosas ocasiones el Gobierno, son los tribunales de Justicia los intérpretes últimos de las normas. Ello es igual de válido para todas las instancias judiciales y para todos los asuntos que resuelven, sean estos una ley como la de amnistía o unas sentencias que han llegado al Tribunal Constitucional como la de los ERE. Cuestionar a los tribunales es cuestionar la propia base del sistema democrático.