Un acuerdo imprescindible

El acuerdo que rubricaron este martes el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin a un bloqueo que ha durado demasiado y que viene a demostrar que el sistema de elección de sus miembros no es operativo, además de ser un modelo que fomenta la politización de esta institución. Por eso era necesario que la renovación fuera acompañada de una reforma de la ley orgánica que regula a este consejo. Básicamente, eso es lo que han firmado los dos partidos mayoritarios, una renovación y un cambio de modelo, aunque la elección de los magistrados para las vacantes del Tribunal Supremo ya deberá realizarse por una mayoría reforzada de los miembros del CGPJ. Hay quien sostiene que Alberto Núñez Feijóo arriesga mucho al firmar este acuerdo con el partido de Pedro Sánchez, pero hay que recordar que ambas formaciones habían cerrado la nómina de los elegidos desde hacía meses y que los retrasos se debían a asuntos ajenos al propio funcionamiento de la institución. Después de solicitar la mediación de la Comisión Europea, el PP no tenía más argumentos, Feijóo ha actuado de modo correcto. Además, el acuerdo incluye otros cambios muy necesarios, como el que impedirá que un ministro saliente sea nombrado fiscal general del Estado. También se objetivarán con una comisión especial los nombramientos que al CGPJ le corresponde en el Supremo y en los tribunales superiores, con lo que se limita el poder discrecional de sus vocales para nombrar a estos magistrados. Esto reduce también la tentación de maniobras políticas. Pero lo más importante es que ambos partidos admiten que los jueces deben tener una participación más activa en la elección de los 12 magistrados que forman parte del CGPJ. El nuevo consejo recibirá el encargo de proponer una fórmula al Congreso, para lo que se tendrá en cuenta cómo se produce esta elección en otros países europeos.