24 días de silencio sobre el concierto catalán

Cuando el PSC firmó el pasado 30 de julio el acuerdo del pacto fiscal con Cataluña para investir a Salvador Illa, el Gobierno de Pedro Sánchez también ligaba su futuro a la ejecución de una singularidad que no tiene sólo un difícil encaje legal, sino también político. Ha bastado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurase que ese acuerdo no puede ser llamado concierto para que, desde ERC, se amenazara con no aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 y dejar caer, así, al Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas consintieron que fuera ERC el que presentase el acuerdo para que éste fuera asumido por sus bases en una votación posterior y, 24 días después de la firma, nadie del Gobierno ni de la dirección federal socialista ha explicado en qué consiste el pacto fiscal, cómo se desarrollará y, sobre todo, cómo afectará al resto de comunidades autónomas. Es un silencio vergonzoso que añade mayor gravedad a lo que a todas luces es un concierto económico similar al vasco con algunas acotaciones sobre lo que aportará la Generalitat al resto de las comunidades y que, en definitiva, camina hacia la soberanía fiscal de Cataluña. Ése es su objetivo. Seguimos sin saber, por ejemplo, qué leyes habrá que reformar y si alguna de ellas es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) o, si por el contrario, ERC y PSOE planean una artimaña legal para dejar a un lado al Congreso de los Diputados, donde quizás el Gobierno no encuentre los apoyos necesarios. Es una anomalía que, ante tal cambio del modelo de financiación que también acarrea también modificaciones estructurales al Estado, el Gobierno quiera anular la discusión o tache de mentirosos a los que vienen advirtiendo que el pacto fiscal es un concierto como el foral, pero a la catalana. Mayor gavedad tiene el mutismo del PSOE de Andalucía, que durante lustros ha defendido la igualdad de gasto para todas las comunidades.