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La crisis de vivienda y la precariedad laboral siguen siendo dos de los problemas más acuciantes en nuestra sociedad. Los precios de las viviendas continúan batiendo récord, lo que deja en “fuera de juego” a muchos ciudadanos, especialmente a los jóvenes y las familias de clase media trabajadora. Por otro lado, el empleo sigue siendo precario, con contratos temporales, medias jornadas (para trabajar ocho horas o más) y salarios bajo mínimos. Esta situación genera inseguridad laboral y dificulta la independencia de quienes más la necesitan. El desajuste entre el mercado inmobiliario y las necesidades sociales es alarmante. Las políticas públicas deben garantizar un acceso justo a la vivienda y promover un empleo estable y justamente remunerado. Es urgente un cambio de enfoque que apueste por la calidad de vida de los ciudadanos y no solo por el beneficio inmediato del mercado, tanto inmobiliario como empresarial. Sería necesario que se alineen los astros para que el gobierno, la patronal y los sindicados consensúen los tipos de contratos y regularizar los salarios.
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