La vivienda es un derecho

El precio de la vivienda en Almería se ha incrementado en casi un 22% en el último año, alcanzado la ciudad el dudoso honor de situarse como la segunda capital, después de Madrid, donde más ha crecido un bien que es un derecho fundamental, pero que desde hace mucho tiempo está en manos de un mercado voraz que se vende al mejor especulador.

La inacción de los gobiernos del Partido Popular, tanto en la Junta de Andalucía, que no invierte en suelo público, como en el Ayuntamiento de Almería y la Diputación, que miran para otro lado, nos han llevado a esta situación que se ha convertido en un drama para miles de familias, que ven como un sueño inalcanzable poder adquirir una vivienda o alquilarla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consciente de esta realidad, que de manera literal cercena el proyecto de vida de una gran mayoría de jóvenes, ha situado la vivienda como tema central de la próxima Conferencia de presidentes.

En los últimos años, el Ejecutivo progresista ha sentado las bases de la nueva intervención pública con la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia, que prohíbe la venta de vivienda pública a inversores privados o fondos buitre y dota a las autonomías de un mecanismo para limitar los precios del alquiler. Además, se ha puesto en marcha una línea de avales de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de su primera vivienda, que es también una de las mayores dificultades a las que se enfrentan. A pesar de estas iniciativas, aún queda un arduo trabajo por delante para solventar todas las dificultades a las que se enfrentan las personas que pretenden adquirir una vivienda para hacer de ella su hogar. Por ello, en los próximos meses el Gobierno de España va a impulsar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, perseguir la especulación y lograr, en definitiva, que la vivienda sea un derecho de todos.

Frente a un gobierno sensible con este problema y que actúa para revertirlo, el Partido Popular con la alcaldesa de Almería al frente se ha negado en rotundo a tomar medidas como la de declarar la ciudad de Almería como zona tensionada y que, de ese modo, se pueda aplicar el índice de precios de referencia previsto en la Ley de Vivienda. No hay muchos escrúpulos en un sector que es incapaz de autoregularse, pero mucho menos aún en esta derecha neoliberal.