La utilización del poder judicial

Sócrates fue condenado a muerte por una sentencia que consideraba injusta, sus fieles seguidores le facilitaron una huida, pero el cumplimiento de la ley era el fundamento indiscutible de la convivencia, según le dictaba su conciencia, y no dudó en acatarla. En cumplimiento de la ley decidió aceptar la sentencia y morir envenenado bebiendo una dosis de cicuta, según el sistema establecido en aquella época. Ello no implica que aceptase que el comportamiento de quienes le condenaron fuese un comportamiento justo. Una sentencia judicial puede no ser acertada, bien por error o bien de una forma intencionada. Siguiendo la doctrina socrática, está claro que las sentencias, en un sistema democrático, hay que cumplirlas, aunque se consideren injustas, lo que no impide que se pueda poner en duda la integridad del juez que interviene en la causa. En cualquier profesión puede haber componentes extraviados que no cumplan como corresponde. Sin embargo, hay quienes opinan que no se puede poner en duda el comportamiento de un juez porque con ello se está atacando al poder judicial. Esa manera de blindar a los jueces frente a cualquier opinión que ponga en duda la integridad de un magistrado cuando dicta una sentencia, en la que se percibe una intencionalidad sospechosa, no tiene sentido. Hay investigaciones judiciales que se inician a partir de denuncias basadas en noticias periodísticas sobre supuestos hechos carentes de acreditación. Ese comportamiento de algunos jueces ha dado motivo a que se utilice el Poder Judicial para acometer al adversario político, y basta que haya una noticia periodística, por absurda que sea, para poner una denuncia. La situación ha llegado a tal extremo que Borja Sémper, en nombre del Partido Popular, presentó una querella en la Audiencia Nacional basada en “informaciones periodísticas” según la cuales un empresario anónimo asegura haber entregado 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede de Ferraz. Si nos atenemos a la literalidad de lo que se manifiesta en el medio de comunicación que lo publica, la noticia no puede ser más disparatada. A nadie se le ocurriría llevar 90.000 euros (180 billetes de 500), que caben en una cartera de mano, en dos bolsas de plástico. Como es natural la querella no fue admitida, pero demuestra la disposición del Partido Popular a utilizar el Poder Judicial recurriendo a cualquier noticia periodística, por absurda que sea, para echar a Pedro Sánchez. Ese es el objetivo.