Urbanismo doloso

De vez en cuando el Ayuntamiento de Almería (suponemos que no es el único) recibe multas por saltarse alguna normativa que otra. Multas que no pagan los ediles que cometieron el desafuero, sino los contribuyentes. En esta ocasión, al menos solo tocamos a 12,5 céntimos por almeriense: 25.212,55 euros que tenemos que pagarle al colegio La Salle por no haberle devuelto en su momento los 1.487.000 € que habían depositado a cuenta de una brillante operación inmobiliaria, urdida por El Corte Inglés, los Hermanos de La Salle y el Ayuntamiento regido por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (y su factotum en Urbanismo, Juan Megino). El negocio consistía en desmontar el Colegio y construir en el hermoso solar un “cortinglés” y -esto es muy relevante- grandes bloques de pisos que ocuparían la mitad del solar: un pelotazo más. Decimos “uno más” porque en los años setenta ya le pegaron un bocado al susodicho solar, levantando dos grandes bloques de once alturas que dan a la calle Altamira. No fueron pioneros: antes, se había construido un hermoso bloque donde estaba el colegio de los jesuitas, residencia de los religiosos, salón de cine y juegos. Y justo enfrente, donde estuvo décadas el Gobierno Militar, hicieron otro gran conjunto de viviendas. En ambos casos con discotecas en los bajos: un avance para la ciudad el convertir equipamientos de uso público en colmenas sin valor ni estético ni social. Son unas muestras del “brillante” desarrollo urbano de la ciudad. Hasta el punto de que el famoso arquitecto Miguel Fisac llegó a decir que Almería era la segunda ciudad de España más destruida por la voraz especulación de los años sesenta y setenta; la primera era Madrid. ¿Más ejemplos? Detrás de la Catedral, en la calle Velázquez, en un edificio de propiedad eclesiástica, hay hoy un mamotreto feísimo y casi tan alto como el campanario. Al lado, el Colegio Diocesano también ha caído, aunque esta vez han construido un edificio mejor que el derribado, y sigue con uso religioso, aunque no educativo. Volviendo al inicio -que nos hemos engorilado con el urbanismo- si las multas las pagaran los alcaldes, concejales y asesores que deciden los desaguisados, seguramente se tentarían la ropa antes de lanzarse tan alegres a proyectos sin pies ni cabeza. Porque una de tres: o los abogados del Ayuntamiento no están muy finos, o a los firmantes se la sudan los informes de técnicos y juristas, o los jueces la tienen tomada con nuestro Consistorio más que con Pedro Sánchez.