El TC anula sentencias de los ERE

El Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias que condenaban a los presidentes y consejeros socialistas andaluces por el caso de los ERE. Después de haberse pronunciado, de palabra y por escrito, reconocidos juristas de indudable prestigio dando la razón a las Sentencias del Tribunal Constitucional, que anulan las condenas de Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, poco puedo añadir a los argumentos expuestos en sus manifestaciones. Pero hay dos razones que, siendo jurídicas, también lo son de sentido común y fácil de entender. Con respecto al delito de prevaricación del que se les acusa por haber participado en la proposición de un proyecto de ley no tiene ningún sentido, puesto que un proyecto de ley no es una resolución administrativa que produzca efectos inmediatos. Un proyecto de ley tendrá que someterse a un parlamento que decidirá sobre su posible aprobación. Una vez aprobada la ley, si no es recusada ante el tribunal Constitucional, entra en vigor sin problemas. El código Penal tipifica como delito de prevaricación aquel que cometen autoridades o funcionarios que dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo que sí produce efectos inmediatos. Y en cuanto al a la malversación, pudieron incurrir en dicho delito los políticos responsables de la consejería de Empleo que eran los encargados de adjudicar las ayudas a las empresas en crisis y de tramitar los expedientes de regulación de empleo, pero en ningún caso José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo que, ajenos a la consejería de Empleo, no participaron en la tramitación de aquellos expedientes que pudieron ser constitutivos de delito. El derecho no tiene la exactitud de las matemáticas y hay casos sometidos a un tribunal de justicia sobre los cuales se pueden tener dudas y generar criterios dispares, pero condenar a unas personas por haber participado en la elaboración de un proyecto de ley que no es resolutivo y cuya ratificación y entrada en vigor depende del Poder Legislativo, me parece una postura sospechosa. Por este y otros casos sospechosos de lawfare nada de extraño tiene que el prestigio del Poder Judicial esté en decadencia. Con casos como las sentencias citadas, son los propios organismos judiciales quienes han dado motivos para que se ponga en duda la objetividad de algunos jueces y tribunales a la hora impartir justicia. Y el daño ocasionado a personas inocentes es irreparable.