¿De qué se ríen?

Se cumplen 18 años desde que se aprobó la Ley de la Dependencia, impulsada por el Gobierno socialista de Zapatero, que supuso el mayor avance social de nuestra historia reciente. Reconocer el derecho a una serie de prestaciones a las personas en situación de dependencia, no sólo significa dignificar y hacer más fácil su día a día, sino también hacer aflorar una serie de empleos en torno al tercer sector nada despreciables para nuestra economía.

Sin embargo, la aplicación de la Ley ha vivido una carrera de obstáculos. El primero, Mariano Rajoy, quien arrancó su campaña electoral anunciando su derogación en cuanto llegara a la Moncloa. Cierto es que no lo hizo. Habría sido escandaloso. Pero hizo algo mejor: colocar a su amigo Moreno Bonilla, hoy presidente de la Junta de Andalucía, al frente de este asunto, lo que, efectivamente tuvo consecuencias calamitosas, ejerciendo un freno en la sombra a su aplicación.

Los andaluces, por tanto, hemos tenido bola extra porque, con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, los avances en su aplicación se han visto frenados, con retorcidos procedimientos burocráticos, cuantías ridículas en las prestaciones y servicios insuficientes. Si el tiempo medio de tramitación de un expediente en España es de 330 días, en Andalucía estamos a la cabeza con 618 días de espera. No hay comunidad donde se tarde tanto en tramitar una petición. De ahí que ocupemos también los puestos de salida en el ranking de personas que han fallecido mientras estaban en lista de espera: 83.254 hombres y mujeres con nombres y apellidos.

“Quien pueda que haga”, como ya dijo otro ex presidente del Gobierno. Y aquí en Almería también el Ayuntamiento hace lo que puede, retrasando la tramitación de informes, mientras presume de aprobar “el presupuesto más social de la historia de la ciudad”. Los palos en la rueda también se ponen dejando sin personal el área de Asuntos Sociales y culpando luego a los empleados públicos de no hacer bien su trabajo, como hizo el concejal del ramo, en respuesta a la súplica de un vecina en el pasado pleno, mientras los mandatarios populares intercambiaban bromas.

Es evidente que aún queda mucho por hacer, pero lo más importante es garantizar que las instituciones públicas estén dirigidas por personas que de verdad entiendan los problemas de la gente y actúen para solucionarlos.