Puntos violeta

La escena nacional deja episodios, no por habitualmente frecuentes, menos lacerantes, también razonablemente intranquilizadores. Vienen a ser esperpentos reencontrados, que vagan como zombis del imaginario colectivo, para aparecer irremediablemente y recordarnos en qué clase de sociedad vivimos; también el pelaje y la catadura de algunos gobernantes. El pasado martes el Gobierno cesó a Isabel García, hasta ese momento directora del Instituto de las Mujeres. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, le había exigido explicaciones ante las acusaciones que se le imputaban en diversos medios de comunicación. La respuesta fue una solemne declaración de tranquilidad de conciencia que, desde luego, tampoco aclaraba demasiado. Así que, en su turno, máxime tras el inopinado acuerdo del PSOE, PP, Sumar y Podemos, la ministra procedió a cesarla como una acción de mera remodelación interna. Cuesta comprender que, si tan irregular ha sido la actuación de la exdirectora, el asunto no haya terminado en el juzgado.

El caso es que a Isabel García le habían achacado mangoneos diversos en la asignación de puntos violeta en favor de una empresa concreta. Esa práctica, tan recurrente en la clase política, en este caso contaba con el incómodo matiz de que la propietaria beneficiada, una antigua asesora del PSOE en el Senado, es Elizabeth García, pareja de la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Tampoco es de extrañar que después de 64 contratos de ayuntamientos socialistas para gestionar puntos violeta, y una facturación de 250.000 euros, alguna alarme se disparara. La cuestión no consiste en tener la conciencia tranquila o tempestuosa, sino en que los demás la perciban limpia. Puede que sea injusto o incluso abrumador, pero no deja de ser un canon con el que todo político ha de contar de antemano. Isabel García ya tenía experiencia en ello. Su gestión en la Diputación de Valencia se saldó con una acusación de malversación de 60.000 euros durante la temporada 2014/15 por parte de la Federación der Motociclismo. Aunque finalmente resultó absuelta, la experiencia debería haber sido una llamada de atención.

Los colectivos trans han celebrado sonoramente esa destitución. Acusaban a Isabel García de compartir marcos ideológicos con la extrema derecha y con la mismísima Díaz Ayuso. A mí lo que me preocupa es el regusto de todo este asunto, la sensación de que se carece de límites éticos para el lucro personal, hasta el punto de pasar por encima de convicciones y urgencias sociales objetivas.