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Hoy es un problema social. Tanto para los jóvenes con unos trabajos precarios, y para familias que necesiten alquilar una vivienda. El aumento exorbitante de los precios de los alquileres, tanto aquí como en el resto del Estado está afectando gravemente a la sociedad, dificultando su acceso a una vivienda digna. La situación actual refleja una clara falta de regulación y políticas afectivas para abordar el problema. Los precios desproporcionados del alquiler están generando, además, una creciente inseguridad habitacional, con desalojos y situaciones de precariedad que afectan especialmente a los sectores más vulnerables (como casi todas las desgracias). En fundamental y necesario que las administraciones tomen medidas concretas para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos, como la implementación de políticas de control de precios, incentivos para el alquiler a largo plazo y la promoción de viviendas sociales. Solo a través de un enfoque integral y coordinado podremos resolver esta crisis que ha venido para quedarse.
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