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Por primera vez en 200 años una mujer preside el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial. También es primicia que el reparto de cromos entre PSOE y PP haya respetado que la elección de presidente del CGPJ se haga como manda la Constitución: por los 20 vocales elegidos por Las Cortes. Su flamante presidenta sostiene que ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los magistrados, que son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Lo único indiscutible es que son inamovibles. Sobre el resto, algunos jueces dejan mucho que desear.
La mejor prueba de falta de independencia es el propio CGPJ. En el Consejo recién renovado han votado cuatro veces como soldados: 10 progresistas de un lado y 10 conservadores por otro. Sólo hubo acuerdo al quinto intento. Notables magistrados muestran con soltura sus querencias políticas. Los hemos visto manifestarse con toga delante de sus juzgados contra una ley que se tramitaba en el Congreso. O sea, contra el imperio de la ley. Deberían desempeñar sus funciones sin que condicionen su actividad, simpatías políticas ni intereses profesionales, familiares o comerciales. Pero no se abstienen en causas en las que su imparcialidad es dudosa.
En otras latitudes son más exigentes. Este verano hemos sabido que en la mejor Liga del mundo, la Premier inglesa, los árbitros tienen que declarar sus simpatías futbolísticas y posibles conflictos de interés por su propia vinculación o de personas allegadas a los distintos clubes. Quieren acabar con cualquier duda sobre la imparcialidad de quienes enjuician los partidos. La temporada pasada, el Nottingham Forest tras perder contra el Everton, acusó al árbitro del VAR de ser simpatizante del Luton Town, con el que se estaba jugando el descenso. Los referees tienen que declarar cualquier interés específico, que no se hace público, pero se tiene en cuenta a la hora de designar árbitros cada jornada.
Con la doctrina Premier el peculiar juez Peinado no se habría hecho cargo de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. La vinculación de su hija con el club del PP se lo impediría. Lo mismo pasa con la otra primicia de la semana. Por primera vez en democracia el gobernador del Banco de España sale directamente del banco azul del Gobierno. Por muy capacitado que esté Escrivá, su forzada pirueta institucional supone un enciclopédico conflicto de interés. Nadie da ejemplo.
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