De tal palo, tal astilla

El Diario de Mallorca del pasado 19 incidía en uno de nuestros temas favoritos: la ruinosa carencia de viviendas para personal normal; porque para inversores con mucha plata hay un mercado abundante de casas con las que especulan: reventas, pisos turísticos, etcétera. La noticia del diario balear cuenta un caso de los muchos que hay, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades.

Resulta que los “21 pisos y hasta 87 inmuebles que han salido a la venta en sa Pobla pertenecen al fondo estadounidense Cerberus. Este gigante entró en España de la mano de José María Aznar Botella, que ha ocupado cargos relevantes en el entramado nacional de un fondo que tiene sesenta mil millones de euros en activos.

Su fundador, Steve Feinberg, es un destacado partidario de Trump, hasta el punto de que hoy ocupa el cargo de subsecretario de Defensa de Estados Unidos” y, consecuentemente, es el número dos del Pentágono. El hijo del expresidente y la exalcaldesa fue el introductor de Cerberus en España.

Este fondo buitre centró sus inversiones, de la mano de Aznar Botella, en los activos del banco malo de la Sareb y otros. Controla cerca de siete mil viviendas en toda España, con lo que es el quinto mayor tenedor del país en volumen, por delante del Santander.

Quizá esto haya le haya traído a las mientes a más de un lector aquella canción popular: “Eres alta y delgada como tu madre, bendita sea la rama que al tronco sale”. Porque la madre de nuestro protagonista de hoy es Ana Botella quien, siendo alcaldesa de Madrid, vendió en 2013 5.315 inmuebles de titularidad municipal, entre ellos 1.860 PISOS PROTEGIDOS, al fondo Blackstone por 128,5 millones, muy por debajo del precio contable de los inmuebles y también por debajo del precio de mercado.

Además de la pérdida de patrimonio público, lo más infame del asunto fue que a los inquilinos de los pisos protegidos, el nuevo dueño les subió el alquiler al triple, con lo cual se tuvieron que ir y los pisos los pudo vender el fondo a precios de mercado.

En 2018, Ana Botella fue condenada por esto, junto con seis concejales, al pago de una multa de 22,7 millones de euros. En estos momentos ignoramos si han pagado la multa y dónde fueron a vivir o a parar los expulsados de sus casas.

El problema de la vivienda no parece que se arregle con este tipo de “soluciones”.