Más de mil días

Un ex ministro al borde de la imputación penal por corrupción, en el que además delegó todo el poder en el partido y al que –paradojas del destino– eligió como defensor de la moción de censura que les aupó al poder con el compromiso de regenerar la corrupción que salpicaba al PP gobernante de entonces. Una esposa investigada por la Justicia como supuesta autora de delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por valerse de su condición de cónyuge del primer ministro. Y un fiscal general del Estado que es investigado porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo –la cúspide de la jurisdicción penal– ve indicios de que pudo cometer un delito para anteponer la defensa del relato político que le interesa al Gobierno a su deber de reserva de los asuntos que la Fiscalía negocia con las defensas de los investigados o encausados. ¿Qué líder político se aferraría al poder en esas circunstancias? Pues Pedro Sánchez y amenazando con seguir mil días más en La Moncloa.

Y no hace falta que graben clandestinamente a Elías Bendodo para saber que, si logra aprobar el Presupuesto de 2025, el Gobierno agotará esta legislatura inviable.

Pero hete ahí que en ello radica la clave de todo: los socios que auparon a un Sánchez perdedor de las elecciones de nuevo al Gobierno lo quieren así: extremadamente débil y con una disposición a ceder inversamente proporcional a su fortaleza política.

Un presidente que cede a un chantaje corrupto e intercambia siete votos para ser investido a cambio de impunidad penal o que entrega la caja de todos y con ello acepta la senda confederal, antesala de la disolución del Estado compuesto que nos dio la Constitución de 1978, transigirá ante cualquier extorsión de quienes en su ideario buscan precisamente destruir lo conseguido en el medio siglo de mayor prosperidad de la historia reciente de España.

Los socios del Gobierno, los coaligados y los parlamentarios, quieren esos más de mil días para profundizar en el desmontaje institucional del Estado. Algunos de ellos, como el PNV, se quitan la careta y demuestran que si apoyaron la moción de censura de 2018 no fue porque rechazaban la corrupción, sino porque vieron más rédito político con un presidente que fuese su rehén. Ahora hacen malabares con la ética para discernir entre corrupción con o sin financiación ilegal de un partido.

Es muy probable que queden más de mil días de Gobierno hedientos de corrupción, que manchará también a quien la ampare, y que paradójicamente es lo único que puede llegar a provocar el colapso de un poder Ejecutivo sin principios ni límites democráticos.