Malos estudiantes

El Partido Popular lleva más de 20 años dirigiendo el Ayuntamiento de Almería y ya vamos viendo las consecuencias de su inacción: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condena al Consistorio por no aplicar su propia ordenanza de ruidos, hay que subir el agua porque no ha llegado a tiempo la mejora energética de la desaladora y ahora hay que introducir una tasa en el recibo de la basura porque no se han hecho los deberes en materia de gestión de residuos.

Este incremento de la basura no es una imposición del Gobierno de España, como ha prentendido hacer creer la alcaldesa, sino consecuencia de una directiva europea que penaliza a las administraciones que no reciclan adecuadamente. Y en eso, nuestro Ayuntamiento es un alumno aventajado, tal y como vemos y olemos cada día en nuestras calles.

Los concejales del PP se han dedicado todos estos años a gastar ingentes cantidades de dinero en campañas de publicidad, en lugar ejercer mayor control sobre la empresa de recogida de la basura y gestión de la planta de clasificación y compostaje. El propio concejal de Sostenibilidad Ambiental reconoció en el último Pleno que “no se reciclan los residuos que se quedan fuera de los contenedores” y desde que se quemó la planta de recogida de residuos, en el año 2022, el reciclaje en Almería -una ciudad de 200.000 habitantes- se realiza de forma manual. Era un acto fe, sin duda, creer que estaban reciclando toda la basura y esta penalización confirma que no era cierto.

La subida de la tasa de la basura es fruto de años de políticas medioambientales ineficaces por parte del Partido Popular que, en 20 años, se ve que no ha tenido tiempo de llevar a cabo una correcta de gestión de los residuos.

Como los malos estudiantes, la alcaldesa y sus concejales, llegan a tarde a poner remedio a este tremendo problema ambiental que, como vemos, tiene ya consecuencias económicas para todos los almerienses, y pretenden culpar de su inacción al Gobierno de España, que únicamente se limita a incorporar a la legislación nacional una directiva de la UE.

Ahora son los vecinos los que tienen que pagar de su bolsillo algo que en pleno siglo XXI tendríamos que tener superado más que de sobra, si el PP en todos estos años hubiera hecho su trabajo para que Almería fuera una ciudad ejemplar en materia de reciclaje. Haber llegado a esta situación ha sido una irresponsabilidad absoluta.