Hacer legal lo indeseable

Es ya un clásico de este tiempo de deterioro de la democracia: siete votos convierten lo indeseable en conveniente, transforman lo inconstitucional en legítimo y logran que la palabra dada carezca de valor y el cambio radical de ideas y posiciones se convierta en moneda corriente.

Y cada vez más deprisa. Sólo han pasado varias semanas desde que la portavoz del Gobierno y el ministro del Interior defendieron, una vez más, que las competencias en materia de inmigración corresponden en exclusiva al Estado y son ejercidas por el Gobierno. Ardorosamente y con rotundidad. Pobres ministros. Debían ignorar que desde hace catorce meses Pedro Sánchez y Carles Puigdemont estaban negociando –por personal interpuesto– justamente lo contrario: las competencias serán ejercidas en parte por la Generalitat en el territorio de Cataluña (y en el País Vasco por su Ejecutivo en cuanto el PNV lo exija si le interesa, eso va de suyo).

Lo curioso es que este pacto se negocia entre el Gobierno de España y un partido de la oposición en Cataluña, cuando lo lógico, legal e institucional es que las transferencias se discutan entre los dos Ejecutivos. Aquí no. Aquí los dichosos siete votos hacen que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asista al espectáculo como convidado de piedra. El que va a recibir los poderes sobre la política migratoria de su comunidad es el último que se entera del contenido de esos poderes. Incluso ya utilizan su imagen de moderado y no nacionalista para justificar la cesión: aunque Junts pretendiera una gestión de la inmigración racista o xenófoba, como el gestor actual será Illa, eso se evitará... ¿Y si ganase las elecciones Junts? Bueno, será un problema para los que estén entonces. Así razona esta gente.

Otra justificación. Las competencias sobre inmigración no se entregan a la Generalitat, sino que se delegan. Siguen siendo del Estado, pero su ejercicio se comparte entre las dos instituciones. Se puede hacer según la Constitución. Ahora bien, ningún gobernante con sentido de Estado y atento al interés general aceptaría no gestionar en exclusiva sus competencias en seguridad, ejércitos, hacienda, fronteras o derechos humanos, sino repartirlas. Y menos por chantaje de quien tiene como propósito de vida, declarado y reiterado, romper con el Estado y construir uno propio.

Este pacto avanza en la línea de sacar a España de Cataluña. Seguiremos mañana.