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La ciudadanía almeriense merece respuestas. La reciente información publicada en relación al caso ‘Mascarillas’ no puede dejar indiferente a nadie, y mucho menos al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García. Su silencio ante las sospechas que pesan sobre altos cargos de su equipo, entre ellos su actual vicepresidente segundo, Fernando Giménez, resulta tan grave como el contenido de las investigaciones.
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hay indicios de que Giménez pudo haber estado implicado en el cobro de comisiones por valor de 200.000 euros en un contrato de material sanitario durante la pandemia. Un contrato millonario, adjudicado de forma directa, que acabó con entregas defectuosas y material que no cumplía las condiciones pactadas. Un contrato aprobado y promovido desde la Diputación en pleno estado de alarma, cuando todos estábamos encerrados en casa y confiando en que nuestras instituciones actuaban por el bien común.
Mientras la gente moría a causa del Covid, con hospitales desbordados y sanitarios jugándose la vida, algunos -según los investigadores- pensaban en aprovecharse de la situación para hacer negocio. La sospecha de que un vicepresidente provincial pudiera haberse lucrado de una emergencia sanitaria es inmoral e indignante. Más aún cuando, según el informe de la UCO, los mensajes privados entre Óscar Liria y Fernando Giménez revelan un lenguaje cifrado, con referencias a “tallas” y a “guantes” que los agentes interpretan como claves para hablar de comisiones ilegales.
Javier Aureliano García no puede mirar hacia otro lado. No basta con esperar a que actúe la justicia. Es necesario que, como presidente de la Diputación Provincial y máximo responsable del Partido Popular en Almería, dé la cara y aclare qué sabía, qué hizo para evitarlo, y por qué permitió que se tomaran decisiones clave en un grupo de WhatsApp, al margen de la transparencia y el control institucional.
Desde el PSOE de Almería vamos a exigir explicaciones claras y contundentes a todos los niveles. Porque esto no va de siglas, va de dignidad institucional. Va de respeto a las personas que sufrieron, que perdieron seres queridos, que confiaron en sus gobernantes. Va de proteger el buen nombre de nuestras instituciones. Y eso, señor García, empieza por hablar claro y asumir responsabilidades.
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