UN HIPÓCRITA; ¿JUEZ O MINISTRO?

La política como la historia tiene a veces la mezquina costumbre de reescribirse a sí misma con la tinta de la hipocresía. El ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, antaño togado de la Audiencia Nacional y ahora disciplinado servidor de un Ejecutivo en decadencia, ha decidido opinar –con solemnidad y extrema palidez – sobre la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno calificando dicha instrucción como “vulneradora de derechos”, “injustificada” y “abocada al fracaso”. Una intervención escandalosa contra un juez en el ejercicio de su profesión no tanto por su contenido, que ya forma parte del nuevo canon de la deslegitimación preventiva de la Justicia, sino por lo mucho que calla: el silencio cómplice y vergonzante ante las descalificaciones que sus compañeros de gabinete profieren casi a diario contra jueces y magistrados del Tribunal Supremo. Porque, como ya advertía Cicerón, “el que calla cuando puede y debe hablar, consiente”.

Cabe entonces preguntarse si movido por una supuesta “auctoritas” como ministro o como ex magistrado de la audiencia nacional trata ahora de intimidar al juez instructor de una causa que ha sido avalada por dos altos tribunales que resaltan la imparcialidad de sus actuaciones; tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dos de la Audiencia Nacional.¿ Le parecen suficientemente capacitados los magistrados que avalan la instrucción?.Lo primero que debiera saber Grande Marlasca es que lo que un día fuera su supuesta “auctóritas” no existe, se ha esfumado en el mercadillo de las inmundicias. Ahora, (por fin ministro) y por conveniencia del guion, se ha revestido de una patética mascara de chico de los recados de su Jefe y de lavar la ropa sucia del gobierno y sus socios. En ejercicio de su triste papel en la ceremonia de la degradación arremete contra el juez Peinado por el simple hecho de hacer su trabajo. La causa contra Begoña Gómez, pese a la rabiosa defensa de los corifeos gubernamentales, está admitida a trámite y se encuentra en fase de diligencias previas. No es un panfleto mediático ni un ajuste de cuentas político, es una investigación judicial con base jurídica que sigue los cauces ordinarios del Derecho Penal español. Que un ministro del Interior cuestione desde su púlpito institucional la legalidad de esa investigación es un hecho gravísimo que recuerda demasiado a la frase de Goebbels: “la mejor manera de deslegitimar a un enemigo es convertirlo en criminal”.

Resulta paradójico que quien fuera juez de la Audiencia Nacional, curtido en instrucciones complejas, exhiba ahora un desprecio tal por el principio de imparcialidad. A Marlasca, que no mostró escrúpulo alguno para archivar causas de gran calado social en sus años de toga, le molesta la independencia judicial cuando esta roza los cimientos del palacio monclovita. El juez Peinado simplemente ha decidido investigar. Y eso, en la España sanchista es pecado capital. Cabe recordar al Sr. Marlasca que su proceso inquisitorial contra el Coronel Diego Pérez de los Cobos ha recibido tres “varapalos” del Tribunal Supremo con sendas sentencias que obligan al Ministro a rehabilitar al coronel destituido y reponerlo en su categoría jerárquica. Aferrado a su inquina, ha boicoteado el ascenso a general de este Coronel con daño evidente a su carrera profesional y cuya “falta gravísima” fue cumplir con su deber. Este ministro que ahora posa como defensor de supuestos “derechos vulnerados” de la esposa de su Jefe calla cuando el ministro de Justicia acusa sin pruebas al Tribunal Supremo de “hacer política”. Calla cuando la portavoz del Gobierno ridiculiza la labor de la judicatura con gestos de suficiencia y desprecio. Calla cuando los socios del Ejecutivo (ERC, Bildu, Sumar y demás estrellas del circo plurinacional) se refieren a los jueces como “casta judicial”, “fachas togados” o “poderes oscuros del régimen del 78”.Inluso cuando lanzan veladas amenazas.

La hipocresía del ministro es tan atronadora como su silencio. Ni una palabra de condena, ni una defensa institucional de los jueces vilipendiados. Nada. Marlasca calla porque sabe que ha dejado de ser juez para ser político, y su carrera depende no de la ley sino del dedo índice del presidente. Como bien señalaba Tocqueville, “cuando el poder judicial pierde su independencia, la democracia comienza a marchitarse”. Y en España la marcha atrás de la democracia se ha convertido en danza oficial.

La degradación se extiende a lo largo y ancho de la política, de la Alta Administración, Órganos e Instituciones, Marlasca es apenas el síntoma de una enfermedad más profunda: la colonización partidista de las instituciones. El Gobierno ha convertido la Fiscalía en una delegación de Ferraz, el Tribunal Constitucional en una oficina de blindaje legislativo, y ahora pretende domesticar a los jueces mediante el látigo de la difamación y el chantaje mediático. Todo aquel que ose investigar al entorno presidencial es automáticamente acusado de lawfare, término importado de los manuales bolivarianos y repetido como un mantra por ministros, portavoces, tertulianos y sindicalistas subvencionados.

Resulta esclarecedor recordar que Marlasca no dijo ni media palabra cuando su Gobierno filtró ilegalmente datos sobre el novio de la presidenta madrileña. No opinó tampoco cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, destruyó pruebas y se negó a declarar ante el Supremo, acusado de revelación de secretos. Guardó silencio ante la burda maniobra del Tribunal Constitucional para frenar la investigación sobre los ERE. Ni una coma, ni una protesta. Porque en esta democracia degenerativa la justicia solo es justa si favorece al poder, y todo lo demás es ruido, fango, o “derecha extrema”, el nuevo comodín del régimen. Su entrega es absoluta, incondicional y así se ha convertido en uno de los engranajes más eficaces del aparato sanchista. Desde su despacho sigue el manual con precisión milimétrica: ataca a quien investiga al clan del poder y se silencia cuando sus compañeros dinamitan la separación de poderes. El juez que un día fue símbolo de integridad ahora es una caricatura de sí mismo, atrapado entre la ambición y la servidumbre.

Pero la historia tiene memoria y la Justicia, aunque lenta y acosada, suele tener la última palabra. Lo que hoy se oculta tras declaraciones altisonantes y ruedas de prensa impostadas, mañana será escrutinio de jueces, portadas de prensa libre, y quizás, páginas vergonzantes en los libros de Historia. Porque, como decía Juvenal,¿“quién vigilará a los vigilantes si no lo hace la ley”?.España no necesita más ministros empeñados en la ejecución pública de adversarios del gobierno. Necesita servidores públicos con coraje cívico capaces de anteponer la verdad al aplauso y la ley al capricho

del jefe. Pero eso es mucho pedirle a un Gobierno que ha hecho de la impunidad su divisa y del miedo su escudo. Que Marlasca opine es su derecho; que calle cuando debiera hablar, su vergüenza. Y la nuestra.