El fiscal general del Estado se queda sin móvil

Aunque la Guardia Civil certifique que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cambió de móvil justo después de que el Supremo abriese la causa para investigarlo, nadie del Gobierno cambiará de opinión sobre su conducta. Pedro Sánchez ha puesto la mano en el fuego por él, y todos sus cobistas de plantilla fija irán detrás sin entrar al fondo, incluso en el hipotético caso de que saliera a la luz un vídeo de García Ortiz borrando mensajes: “Ya pasará la tormenta”. La polarización es enfermiza y la ceguera vale para todos. Pero cuando a los partidos no les quede reputación que proteger, ¿qué vendrá después? Si nuestros propios dirigentes invitan a no confiar en la investigación, ¿qué podemos esperar? El Gobierno ya no se conforma con nombrar al fiscal general. Tampoco le parece suficiente con convertirlo en su correveidile y en un ariete contra la oposición. Hasta cuando lo pillan con las manos en el móvil, en lugar de apelar a la prudencia y apoyar a la Justicia, lo defienden sin vacilar. ¿Se puede socavar los pilares del sistema democrático con más desatino? Lo triste es que tampoco nos extraña porque el propio Sánchez sacó pecho para dejar claro, tras su nombramiento, que García Ortiz depende del Gobierno. Lo hizo, por cierto, para asegurar que traería a Puigdemont ante la Justicia, qué cosas. Consideran de lo más natural poner las instituciones al servicio del Gobierno. Y ya puestos a pervertir las reglas del juego, podrían formar un escuadrón de detectives que busquen trapos sucios que sirvan para la causa. Las redes sociales, en paralelo, son perfectas para caldear los ánimos.

Negamos la evidencia y vivimos en una sociedad impostada donde la gente acepta unas ideas que no son las suyas sin rechistar. O conmigo o contra mí. Hoy es el fiscal general y mañana, el Tribunal Constitucional. Los partidos se afanan tanto en retorcer los mecanismos de control democrático y en demostrarnos que las instituciones actúan a su dictado, que casi han logrado convencernos del todo. Si un buen día les diera por ordenar investigaciones prospectivas contra quien se ponga por delante y por filtrar hasta sus análisis médicos, nadie se inmutaría. Y si algo falla, siempre les quedarán los indultos para marcarse un Biden. Luego, si hace falta, se les pedirá perdón por vulnerar sus derechos fundamentales, como exigen los independentistas. Bajo este tenso ambiente, el Gobierno trata de impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que conviene debatir. Su novedad más importante es, sin duda, el cambio de sistema en la fase de instrucción de los delitos, porque se le atribuye en exclusiva al Ministerio Fiscal, en lugar de los jueces. En países como EEUU ya los fiscales dirigen la investigación, pero allí en no pocos Estados son elegidos por el pueblo. Aquí, como Sánchez dijo, los colocan los dirigentes. No hay más preguntas.