Nuestra sociedad es cada vez más dialógica, afortunadamente. No admitimos el antiguo «porque lo digo yo», y muy bien que hacemos. Llevado al ámbito de los servidores públicos (funcionariado y cargos políticos) los argumentos se convierten en una obligación. La ciudadanía, que es quien nos paga, quien ha decidido mediante las urnas que estemos ahí, quien nos otorga la autoridad de dar un servicio, tiene derecho a saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, en el ámbito de nuestro trabajo. Lo contrario a la argumentación acarrea graves consecuencias, que van desde la falta de ética hasta los delitos penales.

Cuando se trata de dar explicaciones, no se debe tratar a la ciudadanía como si fuésemos seres inferiores, con paternalismo, mediante cortinas de humo o yéndonos por los cerros de Úbeda. Esas huidas hacia adelante son muy efectistas y generan titulares en los periódicos, pero es peor que no dar ninguna explicación, porque la ciudadanía se siente engañada.

Que sí, que está muy bien hacer un colegio nuevo en la zona de Nueva Almería, que es una cosa maravillosa que se tendría que haber puesto en marcha hace mucho, que mejor tarde que nunca, que se debe agilizar cuanto más, mejor, que hay que reunirse con Sevilla, con Madrid y con Washington y Bruselas, si es necesario… pero que nada de eso soluciona el problema más urgente e importante, a corto plazo: la masificación del CEIP Nueva Almería.

Si realmente fuera necesario, si no hubiera ni una sola plaza disponible a una distancia razonable, la decisión estaría totalmente justificada. Sin embargo, los datos no dicen eso. Al parecer, han quedado 27 vacantes en la zona, sin contar otras muchas que se han dado a niños y niñas de otras zonas, después del anuncio de masificación del CEIP Nueva Almería. Desde la administración se dice que es una decisión «razonada y razonable», a lo que cabe añadir entonces, de manera automática: «bien, perfecto, entonces ¿cuáles son las razones?». Rehuir la respuesta es incentivar las sospechas más oscuras, es avivar el fuego. No necesitamos saber las características de cada niño y niña, no necesitamos entrar en cuestiones personales. Necesitamos solo que se nos hable de los criterios aplicados y se nos muestren los datos. Tenemos derecho a ello. Y si erramos, lo que realmente nos haría más humanos, nos devolvería la credibilidad y la dignidad, sería reconocerlo y repararlo.