EXPROPIACIÓN RARA, RARA...

Vino primero la ministra MJ. Montero para anunciar la expropiación del Hotel Algarrobico y luego el BOE de 11-03-2025 publica el acuerdo del Gobierno que declara de utilidad pública el suelo que invade la zona de servidumbre marítimo terrestre y permitirá su expropiación. Se trata de una operativa rara ya que, por un lado, como cita la resolución en su propia motivación, existe una sentencia del TSJ de Granada de 2021, ordenando al Ayuntamiento de Carboneras revisar de oficio la licencia de esa mole de 20 plantas, revisión que ratificó el T. Supremo en 2022. Por tanto, lo que se debe priorizar en un Estado de Derecho es la ejecución de tales sentencias, en sus términos, y que la Administración dote al Ayto de los medios para revisar la licencia que permitió edificar este monstruo de hormigón, honrando así el artículo 117 de la CE, que ordena ejecutar lo juzgado. Pero es que, a mayor dislate, según el acuerdo publicado, la expropiación no afectaría a todo el Hotel, sino solo a la parte que invade la protección del dominio público, que son 16.432 m2, sin afectar a lo edificado en el resto de la parcela, -el 87% del Hotel, más de 32.600 m2-. Háganse una idea del bodrio. Sin embargo, lo más inexplicable de optar por la vía expropiatoria, sea que el Estado tenga que pagar legalmente el justiprecio no solo de lo expropiado sino también del resto edificado en suelo rural, que se tasará con independencia del suelo “siempre que se ajuste a la legalidad al tiempo de la valoración” (artículo 35.3 del D.Lg. 7/2015).

Y si tenemos en cuenta que la licencia que permitió la edificación se encuentra aún vigente, -como han dicho el TSJ y el T. Supremo, hasta que se revise por el Ayto-, resulta que, de tramitarse esa expropiación parcial, se acabará pagando por la todo lo construido al amparo de una licencia aún vigente. Es decir que el Estado usaría al final los recursos públicos para indemnizar una obra que, -de revisarse la licencia, y declararse nula- seguramente podría ahorrarse. De ahí que parezca un riesgo absurdo, iniciar esta expropiación rara, rara, que, de tan rara, permita maliciar o que los asesores ministeriales son muy torpes o que, si no lo son, como creo, quizá estemos ante una ingeniería política para vestir una indemnización millonaria -el edificio se valoró en más de 70 Millones-, para que Azata no cuente el oscuro origen de este Leviatán hotelero. Y al cabo lo tengan que contar otros.