Antonio Lao
Día de la Provincia, algo más que medallas
El lado oscuro de almería
EL 22 de julio de 2002 el marroquí Cherki Hadij, fue declarado culpable del asesinato en enero de 2000 de dos agricultores de El Ejido y condenado a 35 años de cárcel. El veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular queda recogido en una sentencia de la audiencia provincial de Almería que condenaba al acusado a 35 años de cárcel y a pagar a los familiares de las víctimas una indemnización de 210.354 euros. Estos crímenes fueron la espoleta que desencadenó los ataques en El Ejido. Las víctimas de los crímenes cometidos por Cherki Hadij, de 25 años, fueron José Ruiz Funes y Tomás Bonilla Romero, propietarios de invernaderos en El Ejido. Su muerte provocó la indignación de los vecinos de la zona. Sin embargo, fue una tercera muerte, la de Encarnación López en el mercadillo a manos de otro marroquí con las facultades mentales trastornadas, la que puso en pie de guerra a los habitantes de la barriada de Santa María del Águila contra los inmigrantes. Las imágenes de la violencia indiscriminada durante varios días de febrero del 2000 dieron la vuelta al mundo.
Los hechos que el jurado considera probados ocurrieron sobre las 8.30 horas del 22 de enero del 2000 en un paraje conocido como Llanos de Celada. A esa hora, el agricultor José Ruiz, que viajaba con su familia en una furgoneta, recriminó a Cherki Hadij que apedreara a un perro. El marroquí giró entonces su agresividad hacia el agricultor, lo golpeó en la cabeza con una piedra y lo remató después en presencia de sus dos hijos, menores de edad, y su esposa. La otra víctima, el también agricultor Tomás Bonilla, patrón del inmigrante, fue herido de muerte por Hadij. Bonilla fue degollado. En su veredicto, el jurado estimó como concluyentes los testimonios de los hijos y viuda de José Ruiz y las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, que encontró restos de sangre de Tomás Bonilla en las uñas de Cherki Hadij
La muerte de Encarnación López, tercera en pocas horas, levantó las iras de los habitantes de su barrio, que durante días arremetieron contra todo el que tuviera aspecto magrebí. Los vecinos cortaron la carretera de acceso a Santa María del Águila para evitar la llegada de la policía y aprovecharon la noche para prender fuego a las chabolas que habitaban los inmigrantes. Con una violencia sin precedentes en años, los agresores prendieron fuego a la mezquita del barrio alto de El Ejido e incluso agredieron al subdelegado del Gobierno en presencia de fuerzas antidisturbios de la policía. Demasiadas muertes en apenas quince días. Una joven, Encarnación López Valverde de 26 años de edad, murió apuñalada en el mercadillo de la barriada ejidense de Santa María del Águila, al ofrecer resistencia para evitar que le robara el individuo el bolso por el procedimiento del tirón. A plena luz del día y a media mañana. La navaja manejada certeramente por un joven magrebí se hundió varias veces en el cuerpo de la infortunada muchacha cuya vida se escapó a borbotones. El cadáver de la muchacha estuvo cuatro horas en el interior de la furgoneta de uno de los vendedores del mercadillo hasta que el titular del juzgado de instrucción número 2 de El Ejido ordenó el levantamiento del cadáver. Encarnación López Valenzuela tenía previsto contraer matrimonio en marzo de ese año. Un perturbado acabó con su vida. Quizás alguien lo podía haber evitado. Siempre quedará la duda. El asesino de 22 años, natural de la localidad marroquí de Beni Smir fue detenido horas más tarde por la Policía ejidense a escasos kilómetros donde se produjo el homicidio. Según un primo del marroquí, ésta persona sufría trastornos psíquicos e incluso fue atendido unos días antes del asesinato en un centro de Salud Mental. Llevaba viviendo en la zona desde 13 de septiembre de 1999 fecha en que empezó a trabajar en una explotación agraria de El Ejido. Un crimen sin sentido, abominable y dramático que segó la vida en flor de una mujer, víctima de la sinrazón y violencia urbana que en los últimos años ha elevado a cotas desproporcionadas la inseguridad y normal convivencia de la sociedad.
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