
Antonio Lao
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El dedo sobre la balanza
De las noticias de las últimas semanas en cuanto al TC, consecuencia de las sentencias que anulan parcialmente las penas por delitos continuados de prevaricación y/o malversación en el caso de los ERE a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros dirigentes del PSOE, se desprende una consecuencia evidente: Cándido Conde Pumpido tiene que dimitir, sencilla y llanamente tiene que irse, España y el derecho lo exigen o el TC bastante desprestigiado ya, dejará de ser creíble, cosa que ya acontece en el sentimiento de un gran número de juristas, entre los que me encuentro; y lo más importante, entre los ciudadanos. Un tribunal tiene que ser creíble y transmitir confianza pues, de seguir así, puede que sigan en el poder, en base a los votos de los legos, los ignorantes y los parásitos, pero el prestigio de España en el exterior corre un grave peligro; no en vano hoy estamos ya en el lugar nº 24 dentro de la categoría de democracias plenas, categoría que España recuperó en 2022, gracias a la finalización de medidas que habían vulnerado las libertades de los ciudadanos en 2020-21; dicha categoría, perdida en 2020, es un estandarte que suelen perder los países en los que sus dirigentes ignoran a la oposición. Ahora, España ocupa el último puesto dentro de la categoría de democracias plenas. El Sr. Conde Pumpido, está dejando la dignidad del TC por los suelos, las decisiones de una mayoría política – si no de derecho sí que, de hecho – han minado su credibilidad hasta el punto de que sus decisiones ya se anuncian en la prensa apenas se conoce de donde proviene la interposición y a quién beneficia la resolución; y eso, es gravísimo pues cuando un tribunal pierde la confianza de los ciudadanos, sus sentencias carecen de convicción y ejemplaridad, siendo su decisión un acto dictatorial que suele coincidir con la conveniencia del gobierno de turno, minando la libertad de sus ciudadanos a los que convierte en súbditos y vasallos. Si agravamos todo lo expuesto, con la pretensión de este Señor en su lucha con la Audiencia de Sevilla, tratando de impedir que ésta plantee ante el TSJCE una cuestión prejudicial, algo que el presidente de un tribunal, al que se exige equidad e imparcialidad, no debe impedir jamás bajo ningún concepto, pues hace que los que nos movemos dentro del derecho, sintamos vergüenza ajena; y es urgente que, tanto el despotismo como el vasallaje - que alumbran de forma preocupante - desaparezcan de España.
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