
El Pingurucho
Adriana Valverde
¿Estamos seguros?
No soy partidario de utilizar calificativos para denunciar un comportamiento político. Con ello no quiero decir que los ciudadanos no tengamos derecho a denunciar una conducta con la que no estemos de acuerdo, pero pienso que lo adecuado es hacer una descripción de dicha conducta y que cada cual, en su interior, le aplique el calificativo que mejor le parezca. Por eso me parece que Reyes Maroto no estuvo muy acertada diciendo que “7.291 persona mayores fueron asesinadas”. Por dicho motivo el gobierno de Ayuso anuncia que le va a interponer una querella. No sé como acabará la cosa, pero si llegado el caso, dichas palabras se considerasen delictivas y creasen jurisprudencia, habría que aplicarles cadena perpetua a incontables políticos de la derecha, oyendo lo que sueltan por su boca refiriéndose a Pedro Sánchez con los calificativos más injuriosos descritos en el diccionario de la Real Academia. Volviendo al caso de Reyes Maroto, conviene señalar que se retractó de sus declaraciones, reconoció que no fueron las más adecuadas, y eso le honra. Añade que no fue su intención acusar a nadie de asesinato sino destacar que esas personas fallecieron en las residencias sin recibir tratamiento médico adecuado. Haciendo memoria, recuerdo que la presidenta Díaz Ayuso apostó por la libertad de tomarse las cañas que a uno le diera la gana en plena pandemia y andar por Madrid sin problemas. Su defensa de la libertad y de las cañas llegó a tal extremo que vimos su imagen luciendo estampada en los botellines de cerveza. Mientras en la calle los madrileños gozaban de esa libertad cervecera, a los enfermos del COVID-19 de las residencias de ancianos se les negaba el derecho a ser hospitalizados. Un parte de alta de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla, de fecha 25 de marzo de 2020, publicado en varios medios de comunicación, confirmó que el Gobierno de Díaz Ayuso ordenó por escrito rechazar el traslado de enfermos con síntomas de coronavirus procedentes de las residencias de ancianos a los centros sanitarios. Han pasado cinco años y hoy se conocen dichas órdenes como “protocolos de la vergüenza”. El resultado fue el fallecimiento de 7.291 residentes en completo abandono, según datos aportados en su día por la comunidad de Madrid. El documental transmitido el jueves pasado en Televisión Española hace un relato de los hechos sin necesidad de aplicar calificativos y cada uno es muy libre de pensar el que mejor le parezca.
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