La atención psiquiátrica de niños y adolescentes

Las circunstancias personales que vamos conociendo del crimen de Mocejón permiten, respetando la privacidad, reflexionar sobre el tratamiento psiquiátrico de niños y adolescentes. En el Libro Blanco de la salud mental infantil y juvenil, editado por José Ramón Fernández y Susana Villamartín para el Consejo General de Psicología en 2021, se tratan la depresión, ansiedad, adicciones, descontrol de impulsos, conflicto escolar, trastornos alimentarios, falta de atención e hiperactividad, autismo y procesamiento sensorial. Esto indica que habría que dedicarles atención y recursos, y en el informe se ofrecen cifras apabullantes del coste público de los problemas mentales, que puede aumentar hasta 10 veces cuando se tarda o no se tratan a los niños, además del coste familiar y social; después se hacen adultos y no hay remedio.

Casi no hay datos homogéneos, y hasta hace tres años no se reguló en España la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y Adolescencia, por lo que nos limitamos al informe La atención temprana en España, de la Federación de Asociaciones Profesionales de Atención Temprana, de 2024, que incluye para niños entre 0 y 6 años, riesgos biológicos, retardos o discapacidades de desarrollo, y patologías neurológicas. La información y datos de las comunidades autónomas es muy dispar; en Andalucía se atiende al 6,9% de los niños entre esas edades (70% niños y 30% niñas), en Madrid el 2,3%, y en Cataluña el 11,5%, para una media nacional del 5,2%. El mayor número de profesionales está en Andalucía, subiendo, y el presupuesto de concierto con el Estado aumenta a 52,2 millones, similar al de Cataluña (entre las dos tienen el 60% de todo el presupuesto y son las que proporcionan más información), y muy superior al de Madrid de sólo 28 millones. Sin embargo, en Andalucía la espera para ser atendido aumenta respecto al informe anterior a 117 días y hay 2.734 menores en listas de espera; viendo cómo trabaja cada comunidad autónoma se aprende, por ejemplo, que cuando se reducen los requisitos y engorro de la evaluación, y se mandan los niños directamente a las unidades que se ocupan de estos problemas, la demora es mucho menor.

Más recursos y mejor coordinación permitirían sin duda mitigar los problemas, pero surgen otros, como la medicación, que es una vía tentadora y peligrosa a medida que aumentan los casos tratados tardíamente de depresión y ansiedad entre los jóvenes. Y también está el papel de la familia, y los comportamientos en la creación de opinión. En el caso de Mocejón, el líder de un partido político saltó de inmediato diciendo: “No hay en el código penal un castigo suficiente…”. Están convirtiendo España en un país irreconocible y peligroso para todas las generaciones sin distinción.

Pero aunque poco se puede hacer frente a la desinformación, cuando se va conociendo que es un triste caso de perturbación psíquica no tratado, y el juez lo instruye con cautelas, no estaría de más que con la misma vehemencia con la que se incendiaron las redes, se llevaran a los parlamentos autonómicos propuestas para que niños y adolescentes con problemas tuvieran un buen tratamiento temprano, y pudieran ser, acaso, ellos, sus familias, y los demás, un poco más felices.