La mitad del arrastre de Almería, en riesgo de ‘morir’

La mitad de la flota de arrastre de la provincia de Almería, esencial para el sector pesquero de la provincia y compuesta por 43 barcos (la flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones) está en serio riesgo de desaparición después de que esta semana el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea haya hecho caso omiso a la negativa del Estado Español de someter a una reducción mayor dentro del marco del plan de gestión de demersales en el Mediterráneo occidental, en vigor desde enero de 2020.

Había pocas esperanzas depositadas en una negociación en el seno de bruselas que duró dos días y que culminó en la madrugada del martes al miércoles con la confirmación de los peores presagios. Así, la flota verá mermadas sus posibilidades de pesca en un 6% para este 2.022. “La situación es complicada. El resultado no es positivo, incluso con la adopción voluntaria de medidas técnicas selectivas con las que los pescadores pueden recuperar un 2% de los días de pesca”, lamentaba la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que viajó a Bruselas acompañando al ministro Luis Planas, y donde también estuvieron las juntas directivas de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) lideradas por el presidente de la primera entidad, José María Gallart, y el vicepresidente de la segunda, Mariano García. Además, también asistieron la delegada en Bruselas de la Junta de Andalucía, Catalina de Miguel; la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana Corredera; y el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez.

A la nueva reducción del 6% se le une “el 17,5% en dos años, que afecta a muchas familias que dependen de esta pesca”, explicaba Crespo después de más de 40 horas de negociación entre Presidencia y Comisión Europea y los distintos Estados miembros.

La negativa del Estado español por voz del ministro Luis Planas ha sido constante de conocer la primera propuesta de la Comisión e igualmente, después de la segunda, en línea con las peticiones de un sector que le agradece la labor de presión ejercida contra lo que consideran un atentado. El ministro comentó durante la negociación que “apoyar esta propuesta (del Mediterráneo) significaría defraudar a nuestros pescadores y dejar a la deriva el futuro y sustento económico de las zonas costeras, así como de la población que depende de su actividad”. Planas considera que solo se logrará una verdadera transición hacia una actividad extractiva basada en una gestión pesquera sostenible, si se compatibiliza con la necesaria sostenibilidad económica y social de la pesca, tal y como recoge la propia Política Pesquera Común (PPC). La sostenibilidad medioambiental es una necesidad, pero la sostenibilidad económica y social, una obligación.

Por su parte, Carmen Crespo Crespo ha lamentado la “insensibilidad” y ha criticado cierta indolencia por parte de la Comisión Europea en un contexto de máxima dificultad para un sector muy vulnerable.

“Debe existir una sostenibilidad ambiental, pero al mismo tiempo una sostenibilidad laboral y social para los barcos y puertos pesqueros del Mediterráneo”, ha argumentado la consejera, que ha recordado que a los efectos provocados por la pandemia se suman al aumento de los costes de producción y, ahora, una reducción de las posibilidades pesqueras.

En este contexto, Crespo ha avanzado la intención de mantener una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuanto antes para buscar “fórmulas alternativas que ayuden a mitigar la situación generada por los recortes” y ayuden a mejorar la situación, sobre todo, de la flota de arrastre. “Vamos a estudiar la letra pequeña del documento para ver dónde y cómo podemos ayudar a los pescadores del Mediterráneo”.

Ya una vez conocida la decisión del Consejo de Ministros, el almeriense José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), ha sido tajante en su valoración puesto que no entiende esta medida de una Comisión que no dispone de resultados verdaderamente concluyentes de las medidas ya implementadas. “Lo único que quiere el señor Sinkevicius es destruir la pesca de bajura española”, denunciaba, al conocer la propuesta definitiva.

La institución a la que representa, la Faape, también lanzó un comunicado pocas horas después de la conclusión del fatídico Consejo de Ministros de Pesca, donde además de hacer balance, agradeció a las Administraciones Pesqueras Nacional y Autonómica el apoyo brindado durante la ardua negociación de Bruselas, la que consideran “un nuevo castigo al mismo y una amenaza para su supervivencia”.

“Valoramos positivamente que España, como primera potencia europea en pesca, haya mostrado su disconformidad votando en contra a la propuesta realizada por la Comisión sobre el Mediterráneo, no existiendo argumentos científicos ni socioeconómicos para reducir en un 6 % los días de esfuerzo para la flota de arrastre (reducción adicional que se suma al 20 % de reducción de los dos últimos años, sin contar con los 13.800 días que se dejaron de pescar por covid), ni para el establecimiento de un nuevo régimen para el palangre, ni para la aplicación de un TAC establecido en 872 toneladas anuales para la gamba roja, máxime cuando ni siquiera se disponen de los resultados científicos de las medidas ya implementadas durante los dos últimos años (reducción de los días de pesca , vedas espacio-temporales, vedas permanentes, paralizaciones temporales de dos meses, …)”, expresan.

Además denuncian que el Mediterráneo es el único caladero en el que se han implantado dos sistemas de regulación del esfuerzo pesquero, días de pesca y establecimiento de un TAC, “lo cual nos da más argumentos para pensar que el comisario Virginijus Sinkevicius pretende la desaparición de la flota de arrastre en vez de la recuperación del caladero, sin importarle las consecuencias socioeconómicas, tanto directas como indirectas, de las poblaciones dependientes de la pesca”.

Aseguran que el sector pesquero siempre ha defendido la aplicación de medidas que garanticen el mantenimiento de las distintas poblaciones pesqueras y ha luchado por la sostenibilidad pesquera, como lo demuestra la política llevada a cabo con la Administración para establecer épocas de veda.