Grupo Control: cerradura en el móvil para proteger la casa

Hay noticias todos los días. Viviendas ‘okupadas’ en casi todas las ciudades, con historias de desgarro emocional contadas por parte de sus víctimas. Solo el 0,06% del parque de vivienda en España está okupado, según datos del Gobierno, aunque eso no evita que muchos quieran proteger su vivienda contra esta amenaza, poco frecuente pero con un gran protagonismo mediático.

Esto ha provocado que haya quien quiera tener en la palma de su mano, o de su móvil, la seguridad. Grupo Control, una empresa con sede en Almería, tiene la solución ante estos temores. La gama de productos que incorpora tiene a la informática como principal protagonista. “Es un kit que tiene una vía de comunicación independiente, GPRS, con una tarjeta SIM, como un teléfono móvil, con detectores con videoverificación”, cuenta. “El cliente controla en todo momento con su terminal móvil y, a través de una aplicación específica, controla el estado de esa alarma, pudiendo acceder a las imágenes de los detectores”, añade.

Una protección que permite abrir o cerrar la vivienda a distancia, ideal para segundas residencias o en caso de viajes. Con las ‘cerraduras inteligentes’, la protección se asegura en todo momento. “El cliente, con su móvil tiene un control total sobre la protección y la seguridad de la vivienda”, explica Manu Muñoz, técnico de la empresa.

Ya solo hará falta el móvil. “Cualquier cliente de Grupo Control puede salir a la compra o a sacar al perro y solo tiene que llevarse el teléfono, porque con el móvil podría abrir la puerta del portal, la puerta de su vivienda, armar y desarmar la alarma y controlar iluminación, electrodomésticos, persianas, etc”, asegura Muñoz. La seguridad, en el bolsillo.

Una vigilancia que, explica, se podría extender a las zonas comunes, en el caso de que el cliente lo pida. Y, si fuera necesario, se podría incluir a una persona con autorización para entrar en la vivienda. “El cliente que designe la persona administradora puede crear a otro usuario a la que darle acceso”, anticipa Muñoz.

En caso de que la persona decida dar de baja el suministro eléctrico durante los meses en los que la vivienda está vacía, no habría problema para seguir manteniendo la protección. 

Trabajan para grandes entidades financieras tenedoras, con una importante cantidad de pisos vacíos, y familias que tienen segundas residencias. Les ofrecen un kit de producto autónomo, “un kit que no tiene la necesidad de estar conectado a la red eléctrica”, comenta. La idea es que el cliente pueda dar de baja el suministro eléctrico durante el largo período de tiempo que no pasa en su propiedad. El kit puede trabajar hasta un año de forma independiente sin necesidad de conectarse a la energía eléctrica.

Solo el 0,2% de las viviendas gestionadas por los kits de Grupo Control están okupadas, una cifra que van en consonancia de los datos nacionales, que reflejan una baja presencia de este fenómeno delictivo. Aunque sin datos, Muñoz comenta que el porcentaje en las grandes tenedoras es ligeramente más alto. “Pues, no sabría decirte con exactitud porque se barajan, pues, muchos datos, pero, bueno, sí que sé que los costes en esos volúmenes son muy altos”, explica. Él cree que más que el miedo a una posible ‘okupación’, el miedo de quienes contratan estos servicios es al proceso jurídico para recuperar una vivienda ‘okupada’. “Podemos estar hablando de un año o dos años y los costes asociados a eso”, asegura. Dice que hay una “indefensión jurídica” y añade que “el riesgo es muy alto, aunque la probabilidad sea baja, pero el riesgo, lo que supone el que te ocupen tu segunda vivienda, pues, el riesgo es alto en cuanto a no poder disponer de esa vivienda, pues, durante periodos muy largos y luego los costes asociados para poder recuperarla”.

La incidencia baja de la ‘okupación’ se refiere a viviendas vacías que llevan sin un habitante durante un largo período de tiempo, como es el caso de viviendas de entidades bancarias. En el caso de la primera, e incluso de la segunda, residencia, se considera un delito de allanamiento de morada, lo que implica atentar contra la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal, lo que hará que la orden de desalojo sea de forma más rápida.

Un servicio cada vez más valorado por quien tiene una propiedad, en un momento en el que la ‘okupación’ es un fenómeno con una incidencia nimia, 0,06%, en el país.