Negociación ardua en Bruselas y pescadores de Almería en vilo

Consejo de Ministros

En primer plano, el ministro Luis Planas en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE / Diario De Almería

Almería/Ya se apuntaba a que el último Consejo de Ministros de Pesca del año iba a ser complejo y largo, algo que parece estar convirtiéndose en una nueva tradición prenavideña. Pues indicios confirmados. Las negociaciones para determinar el devenir de la flota almeriense de arrastre, que suma algo más de 40 embarcaciones, así como la del resto del Mediterráneo, para 2023 continúan.

El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea arrancaba este domingo con una propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) de reducir en un 7,5% los días de pesca en relación a los asignados para el presente 2022 y reducir el TAC (total de capturas admisibles) de la gamba roja, fijado por primera vez el pasado año en 872 toneladas, otro 7% en lo que corresponde a la progresión del plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025 de un 40%, algo que el sector ya ha calificado reiteradamente como inviable en una pesquería multiespecífica manifestando la necesidad de aplazar este objetivo al año 2030, más cuando no se ha evaluado el impacto de las medidas ya adoptadas en el marco del plan plurianual.

En la mañana de este lunes la propuesta de compromiso de la Presidencia modificaba la intención inicial para bajar la reducción de jornadas de pesca al 7% y al 3,5% el TAC a la gamba roja. Una posición que ni de lejos satisfacía al sector pesquero, que conforme pasaban las horas mantenía una impresión muy negativa sobre el que sería el desenlace a pesar de la oposición de España, que rechazaba la propuesta al considerar que los avances planteados sobre las capturas en el Mediterráneo son "francamente escasos". "No hemos podido dar la aprobación a este compromiso, así como otros Estados miembros tampoco la han dado por otros motivos, y las negociaciones continúan", indicaban fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca español, según declaraciones recogidas por la agencia Efe.

En cuanto a la reducción de días de pesca, ya el pasado año, el Consejo de Ministros de Pesca, también con el voto en contra de España, ya optaba por reducir en un 6% los días de esfuerzo para la flota de arrastre (reducción adicional que se sumaba a la del 17,5% de los dos años anteriores, sin contar con los 13.800 días que se dejaron de pescar por la pandemia). Según informaba recientemente a este diario el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y vicepresidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), José María Gallart, este año, de media un barco de arrastre en el Mediterráneo español ha faenado 167 días, lo que se traduce en unos siete meses y medio, estando cuatro y medio parado; ahora, con el nuevo planteamiento las jornadas se verían recortadas en otros 11,7 días para esa media.

Por otro lado, la nueva medida para especies de fondo en el Mediterráneo que salía adelante en el encuentro de diciembre de 2021 y referente a la aplicación de un TAC para la gamba roja, fijado entonces en 872 toneladas anuales, no se ha frenado ahí y, aunque el porcentaje propuesto finalmente ha bajado afectando ahora a unas 30,5 toneladas menos, no llega a las aspiraciones del sector pesquero. En este sentido, recientemente, las organizaciones pesqueras españolas del Mediterráneo, incluyendo cofradías, cooperativas y asociaciones, entre ellas la Faape y la Federación Andaluza de Cofradías Pesqueras (Facope), insistían en que los informes científicos consultados indican que, el de esta especie, es un stock actualmente explotado a nivel de RMS, salvo alguna zona, "por lo que no consideramos oportuno este recorte, sino bien su eliminación o, como mal menor, mantenerlo al mismo nivel que este ejercicio 2022".

Además, España tampoco está conforme con el mecanismo de compensación planteado por la CE, que permite a los barcos salir a pescar más días si utilizan medidas de selectividad. Para 2023 el Ejecutivo comunitario había planteado una compensación del 3%, que Madrid sigue considerando "muy insuficiente porque permite únicamente recuperar entre tres y cuatro días de esfuerzo al año".

Frente común de la Junta, Gobierno central y sector

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, pedía este lunes, en relación al debate en Bruselas, que se eviten "decisiones injustas" con nuevas reducciones de cuota, ya que ello puede conllevar "la destrucción de parte del sector".

"Tomemos decisiones en Europa que sean comprendidas por los estados miembro y por los sectores productivos, pero basadas en estudios científicos actualizados", reclamaba Crespo, quien incidía en la necesidad de atender al "impacto socioeconómico" que dicho reparto puede suponer en determinadas zonas de actividad.

La consejera recalcaba nuevamente el "error de base" del que parten los 27 a la hora de decidir los TAC y cuotas para el próximo año al apoyarse en informes científicos "que nada tienen que ver con la realidad de los caladeros" al no encontrarse "actualizados".

Por último, señala el frente común que han conformado las comunidades autónomas afectadas, el sector pesquero y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para oponerse a una decisión que es "injusta a sabiendas" por parte de la Comisión.

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