Sandra García subraya el “carácter vital” de los PGE 2021 para el avance del tejido económico de Almería

Almería/La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, acompañada del subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha participado hoy en un encuentro con los miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, a quienes ha reconocido la importancia de la pyme en la provincia y el “carácter vital” de la inversión pública en infraestructuras para el avance del tejido económico de la provincia, por lo que ha recordado los más de 646 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en la provincia, “lo que pone de relieve el firme compromiso del Gobierno de España con Almería”.

Durante su intervención, Sandra García ha recordado que los PGE de 2018 suponían apenas 87 millones de euros y ahora sólo la inversión en ferrocarriles asciende a 595,6 millones de euros –de ellos, 587,8 millones serán para las obras del AVE–, cifra que supone un aumento del 5.720,9% respecto a los 10,23 millones que contemplaban los Presupuestos prorrogados de 2018, “una clara apuesta por el desarrollo de la línea de alta velocidad Almería-Murcia y el avance del Corredor Mediterráneo”, ha dejado claro.

A esta línea de inversión, la delegada ha sumado otras partidas presupuestarias de obras, estudios y proyectos de actuaciones en la red de carreteras, como la dotación de 10,1 millones para las obras del enlace de Viator, entre la A7 y la A-92; el proyecto del tercer carril en la A-7, entre Almería y Roquetas de Mar; la remodelación del enlace 429 en la A-7 (Roquetas de Mar-El Parador) y el proyecto de remodelación de los enlaces 407 y 411 de la A-7, en El Ejido.

Además de hacer un repaso por otras actuaciones –como los tres proyectos en marcha con cargo al 1,5% Cultural o de protección de los ríos Adra, Antas y la Rambla de Charcones para evitar posibles inundaciones–, la delegada ha recordado que el Gobierno continúa apoyando y aprobando medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, como las del pasado viernes “con un gran impacto en la empresa”.

Ayudas directas

En concreto, ha explicado que se han creado tres fondos de ayudas directas a empresas viables, por un total de 11.000 millones de euros, cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia. De estos 11.000 millones, la delegada ha indicado que 7.000 se incluyen en una línea de ayudas directas a autónomos y empresas de los sectores más afectados, cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019 y destinadas al pago de deudas contraídas con proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020. En segundo lugar, se crea una línea dotada con 3.000 millones de euros para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera que cuente con aval público. Y en tercer lugar, se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, gestionado por COFIDES y dotado con 1.000 millones de euros, destinado a fortalecer la solvencia de empresas no cubiertas por el fondo ya gestionado por SEPI.

A todo ello ha sumado la planificación europea del Fondo de Recuperación, también llamado Next Generation EU, que supone que la Comisión Europea se endeudará por una cantidad de hasta 750.000 millones de euros para apoyar la recuperación y para el que los Estados miembro deben presentar un Plan de Recuperación, “cuyas primeras líneas ya presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en octubre y que se prevé presentar definitivamente en el mes de abril para recibir los fondos correspondientes”.

Colaboración público-privada

Entre los puntos avanzados, Sandra García ha hecho mención a la creación de una nueva figura de colaboración público privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES), ya que, en opinión de la delegada, “para multiplicar el efecto en la economía de esta movilización de recursos por parte de Gobierno de España es clave la colaboración público-privada”.

Uno de los ejes que marcan los fondos europeos y en la que ya trabaja el Gobierno de España está orientado a impulsar una transición justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima, que se presentó para cumplir con los acuerdos de París de 2015 y en consonancia con la agenda 2030. “Pues bien, con este objetivo contempló un Plan de Transición donde agrupar planes y acciones encaminadas a adaptar la industria en los procesos de descarbonización y ecologización de la economía, donde Almería tiene un enorme potencial para aprovechar estos fondos, especialmente en un proyecto tan emblemático como el de Carboneras”, ha indicado la delegada.

Sandra García ha agradecido el “esfuerzo que ha realizado la sociedad almeriense aportando más de 49 propuestas e implicando a más de 22 agentes, lo que la han convertido, en relación a su tamaño poblacional, en una de las zonas de España que más ha participado en esta iniciativa”.

Durante el encuentro, la delegada ha reconocido que la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 “ha cambiado por completo el escenario económico mundial, ya que las medidas de distanciamiento físico y limitaciones a la movilidad tuvieron un gran impacto en la actividad económica y en el bienestar de la ciudadanía, una situación en la que el Gobierno ha reaccionado dando prioridad a preservar el tejido productivo, atender las dificultades transitorias de las empresas y a no dejar a nadie atrás”.

Por ello, ha cerrado su intervención poniendo de manifiesto los 20.598 autónomos almerienses que recibieron algún tipo de prestación o los más de 36.979 trabajadores que han estado en situación de ERTE.