Sanciones del Ministerio por ventas a resultas e incumplir el plazo de pago

A la tercera va la vencida. Después de haber visitado Almería los pasados 23 de febrero y 18 de mayo, el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero Velasco regresaba ayer de nuevo, esta vez, con los 'deberes' hechos. Tras recabar la documentación correspondiente e indagar las operaciones de compraventa de un total de 22 empresas comercializadoras almerienses, a través del estudio de 94 operaciones comerciales, se ha concluido con la apertura de 71 expedientes sancionadores, de los que más de 30 ya han sido abonados, según trasladó Herrero Velasco a todos los agentes del sector agrícola almeriense, con los que se reunió en la Subdelegación del Gobierno.

Tras las investigaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de febrero para ver si se estaba cumpliendo o incumpliendo la ley de la cadena alimentaria en las relaciones comerciales entre cooperativas y alhóndigas y sus clientes, el responsable de la AICA explicó que "hay un incumplimiento de los plazos de pago por parte de los clientes y de los distribuidores, tanto de los que venden a Europa como de los que están vendiendo en España, es decir, por encima del plazo de 30 días, en un porcentaje importante. En concreto, más del 50% de esas inspecciones que hemos realizado se han saldado con expedientes sancionadores por esto".

En cuanto a los contratos, donde es obligatorio que todas las operaciones comerciales tienen que estar recogidas por escrito, sí son generalizados, aunque "hay alguna irregularidad en tanto que los precios no quedan establecidos en los contratos". Como la ley obliga a determinar un precio fijo o a través de un indicador para evitar la venta a resultas, "alrededor del 30% de esas operaciones investigadas no han fijado el precio", afirma.

Los sancionados son, en su mayoría, empresas de fuera de Almería, en concreto, los clientes de las cooperativas y las alhóndigas, aunque Herrero reconoció que hay más de una firma almeriense sancionada, principalmente, por venderse mercancía entre sí para completar pedido a algún cliente, algo que es habitual entre entidades en Almería, pero que está prohibido por la ley de la cadena alimentaria.

Fruto de esta investigación de diez meses, Herrero recordó, como ya anunció Diario de Almería este verano, que la AICA había trasladado una denuncia a Competencia por considerar que hay indicios suficientes de "posibles acuerdos" de la distribución, "sobre todo, a escala europea", para pactar precios de hortalizas y forzar su cotización a la baja. También hay una segunda denuncia a la CNMC, en este caso relacionada con la imposición de usar determinados envases.