El PP solicita el seguimiento de los acuerdos de la UE con terceros por la crisis de los cítricos

Diputados del PP de las provincias afectadas por la crisis citrícola que han colaborado en la propuesta, entre los que se encuentra el secretario general del PP, Teodoro García.

23 de enero 2019 - 19:02

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a atajar la crisis citrícola 2018-2019, para su debate en la Comisión de Agricultura, para lo que se le pide:

Por un lado, realizar un estudio de seguimiento de la evolución de los Acuerdos Bilaterales de la UE con terceros países en los que se haga referencia a la importación de cítricos.

Asimismo, introducir medidas efectivas en la Reforma de la PAC que eviten la reiteración de la crisis de precios, subsanando la discriminación, que sufre la agricultura mediterránea en la PAC y especialmente el sector de frutas y hortalizas.

Dado el liderazgo mundial de España en el comercio de cítricos en fresco, se solicita que el Gobierno español lidere una iniciativa a nivel europeo de revisión e impacto de los acuerdos bilaterales de la Unión que impliquen importación de críticos procedentes de países terceros, y en su caso establecimiento de las oportunidades medidas correctoras cuando se evidencie que estas importaciones o la suma de ellas generan perjuicios graves al sector citrícola europeo.

También, incorporar al sistema de seguros agrarios español la posibilidad de un seguro de rentas basado en los costes de producción.

Modificar de la Ley de Cadena Alimentaria española siguiendo las orientaciones de la homóloga nueva Ley francesa.

Liderar en Europa una acción decidida para que la normativa europea de cadena alimentaria proteja sin ambigüedades los productores agrarios y el sector que representan.

Introducir una reducción, tanto del módulo de IRPF de cítricos, como del IBI rústico de las parcelas de cítricos.

Iniciar una campaña incentivación del consumo de cítricos en los medios de comunicación públicos españoles.

Que la retirada de producción de 50.000 toneladas, gestionada por el Ministerio de Agricultura, puedan acceder a todos los agricultores afectados, tanto los que están en Organizaciones de Productores como los que no están, como ya ocurrió con el veto ruso.

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