Operación Posidonia: Un juez de Roquetas toma declaración a tres investigados del caso Grupo 21
Tribunales
Se encuentran investigados por delitos de estafa y falsedad documental y se han acogido a su derecho a no declarar
Afectados por la Operación Posidonia piden “justicia y soluciones” en las puertas de los juzgados roqueteros
Investigan a la promotora de pisos fantasma con hasta mil víctimas en Almería, Granada y Murcia
Recomiendan demandar a los bancos que financiaron a Grupo 21
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar citó en la mañana de ayer martes a declarar a tres investigados en la causa del Grupo 21, promotora responsable de hasta 18 promociones sin construir en Granada, Almería y Murcia, y que podría haber estafado a más de mil compradores.
Según pudo saber Diario de Almería de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los tres se encuentran investigados por delitos de estafa y falsedad documental y se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez este martes, cuando comparecieron además cuatro de los perjudicados en esta causa.
Junto a los citados por el juez, también se personaron en las puertas de los juzgados roqueteros varios afectados por esta Operación Posidonia. Juan Hidalgo, padre de una de las afectadas, estuvo desde primera hora de la mañana. En su caso, su hija compró una vivienda en Dulcemar, una de las promociones de Almería capital. La deuda de Grupo 21 con él asciende hasta los 21.000 euros en concepto de reserva de la vivienda.
Juan Hidalgo, padre de afectada
"Las comerciales decían que eran bulos, seguían vendiendo mientras nosotros ya teníamos el problema encima”
“Queremos que nos devuelvan el dinero. Debía de haberse empleado para la construcción, pero nada de esto ha sucedido y se han quedado con todo el dinero que dimos como reserva”, decía el padre de la afectada que narra cómo les daban largas las comerciales una vez que empezaron a olerse la presunta estafa: “Había una cláusula por la que tenían que devolverte el dinero en 60 días, hicimos todos los trámites para que nos lo devolvieran y nunca más se supo. Las comerciales te daban largas, nos decían que eran bulos lo que escuchábamos. Hasta que un día una señora de Almuñécar les dejó un cartel exigiendo los 10.000 euros que le debían y, desde entonces, no han vuelto a abrir en la Puerta Purchena”.
De la misma forma, F.R., también de Almería, concretamente afectado por el Residencial Torremar, por el que pagó 7.000 euros por una vivienda y dos garajes, da pistas de cómo los engañaron desde el primer segundo. “Desde el momento en el que compramos, nada más que historias y mentiras. Me di cuenta al tercer día de dar el dinero. Las niñas que estaban allí, tan implicadas como los dueños. Presionaban a mi mujer para que comprara otro”, dice antes de apuntar que es “una vergüenza” que hayan conseguido llevarse “unos 25 millones de euros” de las dieciocho promociones que supuestamente iban a construir.
F.R., afectado
"Desde que compramos, nada más que historias y mentiras. Y a mi mujer le presionaban para comprar otro”
Entre los centenares de afectados, no hay mucha confianza en conseguir su objetivo, “que nos devuelvan el dinero, aunque sea una parte”. Unos han decidido acogerse a despachos de abogados, mientras otros están con el Defensor de la Vivienda: “Esperanza hay alguna, pero no lo sé. Esperemos que nos devuelvan el dinero, otra cosa no vamos a conseguir. Si no todo, por lo menos parte”, dicen desanimados.
De momento, el caso está en fase de instrucción. El juzgado ha tomado las primeras declaraciones por una de las promociones, concretamente la de Roquetas, pero hay varias denuncias más interpuestas.
La empresa habría cobrado reservas por la compraventa de promociones que no se construyeron
Según informó a inicios de marzo la Comandancia de Almería, se practicó en Málaga la detención de estos tres responsables de una promotora inmobiliaria afincada en Roquetas de Mar, “tras recibir grandes cantidades de dinero como reserva de inmuebles pese a no ser propietaria de las fincas donde se iban a construir”. La denominada Operación Posidonia se inició en enero tras tener conocimiento mediante las denuncias presentadas en dependencias del cuartel de Roquetas de Mar sobre una promotora inmobiliaria, con sucursal inmobiliaria en la barriada roquetera de Aguadulce. Esta empresa había cobrado al parecer una cantidad cercana a los 200.000 euros en concepto de reserva por la compraventa de inmuebles sobre plano de una nueva promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar, a pesar de que no se habían llevado a cabo dichas construcciones. Tras un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, los agentes del instituto armado comprobaron que la promotora no contaba con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias. De esta forma, recibía el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines. Además, la promotora en ningún momento ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas. De momento el caso se encuentra en fase de instrucción, habiendo tomado ya las primeras declaraciones.
No hay comentarios